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A pesar que la educación competitiva y de mercado ha primado por sobre la educación para la ciudadanía, la participación y la democracia, esta generación de estudiantes, a través de su opinión, su organización y su exigencia ética, nos enseña que la educación no es solo conocimientos y competencias, sino mucha audacia, esperanza y tesón.

Desde hace más de dos meses que la creciente y sostenida participación de niñas, niños y jóvenes en el actual movimiento estudiantil en Chile refresca, sorprende y gusta a la propia sociedad que le vio nacer. Gracias a esto, se ha generado un debate público sobre la educación de las actuales y futuras generaciones como uno de los principales tema-país. Y es que la educación no solo es el capital humano –base de la riqueza y el desarrollo de un país en la actual sociedad del conocimiento–; sino que además, la educación y las credenciales educativas son vistas como la principal llave que abrirá las puertas de la movilidad social, ya que promete la superación de la exclusión.

Según Qvortrup (1992), Gaitán (2006) y Liebel (2007), existen una serie de asuntos de interés público que afectan directa e indirectamente a la infancia y la juventud. Cuando, las niñas, los niños y jóvenes opinan, participan y se organizan para intentar incidir en algunos de estos aspectos que afectan sus vidas –como la educación– están demostrando su capacidad de ser “actores sociales”, es decir, protagonistas del mundo social. En el actual movimiento estudiantil, particularmente el sector secundario, podemos comprobar cómo se re-construye el concepto mismo de infancia y juventud que había imperado en la sociedad chilena, superando los viejos estereotipos del “no estar ni ahí” y perfilándose como una generación ciudadana comprometida de manera protagónica con los cambios políticos, sociales y culturales de la sociedad chilena.

Recordemos que la llamada “revolución pingüina” de mayo 2006, no solo hizo tambalear la popularidad de Michelle Bachelet, también logró la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) –uno de los íconos de la herencia de la dictadura militar de Pinochet–. Tras la salida del entonces Ministro de Educación, Martín Zilic, se creó un Consejo de Educación integrado por diversos actores que elaboró una Ley General de Educación (LGE), aprobada sin respaldo ciudadano. No obstante, los hechos actuales demuestran que no fue una verdadera solución al problema de la educación y la desigualdad que aún persisten en Chile.

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El Ministerio de Igualdad de España ha propuesto un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), donde se pretende modificar, entre otras cosas, los plazos de la interrupción; las causas y las restricciones respecto a la edad para llevarlo a cabo. Este último tema ha causado un gran debate público respecto a la posibilidad que las niñas desde los 16 años puedan abortar sin consentimiento de sus madres ni padres.

Por un lado, las voces más conservadoras de la derecha y la Iglesia Católica se oponen a cualquier avance en materia de derechos sexuales  y reproductivos en general, y para las niñas y más jóvenes en particular. También se han oído las opiniones de personas expertas en el ámbito sanitario, jurídico, educativo y político quienes mayormente apoyan estas medidas complementadas con programas reales y efectivos de Educación sexual en los colegios y la entrega de mayor información respecto a los métodos anticonceptivos. El aborto aunque no esté legislado, se produce igualmente. En los últimos años las cifras se han triplicado en el grupo de las jóvenes hasta los 20 años.

Este asunto vuelve a mostrar la ambivalencia de la sociedad y el Estado respecto a los derechos de las niñas y niños. Por ejemplo, la legislación española establece que a los 16 años una persona  puede: Tener un trabajo; Tener relaciones sexuales consentidas con personas adultas a partir de los 13 años; Dar el consentimiento para cualquier operación quirúrgica; Contraer matrimonio, desde los 14 años con la dispensa de un juez; Conducir un ciclomotor; y Tener responsabilidad penal a partir de los 14 años (fuente: Diario El País) .

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A pesar de que una de las grandes dudas que acompañó la discusión relativa a la implementación de los cuatro años como período presidencial, es el escaso estímulo que eso podría producir frente al desafío de impulsar reformas a las instituciones - al ser éstas complejas y  poco rentables en el corto plazo -, el gobierno de Michelle Bachelet ha tenido la audacia de no caer en el inmovilismo de este temor, proponiendo un conjunto de cambios que recientemente han puesto en el centro de la discusión tanto a la actual institucionalidad en deportes, como también a la de juventud. Es así que se ha considerado que ambas institucionalidades deben integrarse en un solo Ministerio; lo anterior bajo la fórmula que utilizarían algunos países como Francia.

Frente a esta propuesta que pareciese avanzar rápidamente en la discusión parlamentaria, es pertinente y  oportuno  plantear algunas reflexiones sobre el impacto de esta medida en el ámbito de las políticas públicas de juventud.

Primero, hay que reconocer como un elemento muy positivo la decisión de evaluar democráticamente una institucionalidad que, teniendo como misión fundacional mejorar el ejercicio de la ciudadanía de los y las jóvenes, en muy pocos momentos contó con el respaldo y los instrumentos necesarios para concretar este desafío y para adaptarse a aquellas transformaciones del mundo juvenil que en el campo de la participación y la ciudadanía sus propios estudios ponían en evidencia. (more…)