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El anuncio de la encargatoria de reo de los presuntos autores del homicidio calificado de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, ocurrido hace casi exactamente 19 años,  constituye una importante señal de autonomía e imparcialidad de la justicia chilena. A la vez, contribuye enormemente a mejorar la confianza que la ciudadanía puede tener en esta institución, especialmente en lo relativo a los casos de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Lesa humanidad.

Pellegrin y Magni eran combatientes y altos dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que participaron en el asalto a la localidad de Los Queñes, que en el marco de la  denominada “Guerra Patriótica Nacional”, había realizado esta organización con fines de carácter propagandístico.

Luego de unos días de persecusión por el interior de la septima región, como consecuencia del mencionado ataque, fueron capturados por funcionarios de Carabineros de Chile.  Como señala la Resolución Judicial, emitida por el Juez Carlos Aránguiz, Raúl Pellegrin y Cecilia Magni fueron rudamente golpeados ”en zonas vitales, por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos… producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al río Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida, como para simular de este modo una muerte por inmersión”.

A pesar de los años transcurridos, casos como este, abren las esperanzas de que efectivamente se haga justicia en Chile. Que aunque el avance sea mucho más lento de lo deseable, finalmente los autores de tanto dolor y tanta muerte sean sancionados. Que de una vez por todas, todos los sectores políticos y sociales, sin eufemismos ni relativizaciones morales, reconozcan que en Chile, durante diecisiete años, la dictadura diseñó e implementó una política destinada a la represión y eliminación de opositores, contando para ello con todos los mecanismos, recursos y procesos de cualquier politíca pública, incluyendo por cierto, la supervisión y control de la máxima autoridad gubernamental de la época.

La celebración del decimonoveno aniversario del triunfo del NO y la detención de lo que ha venido a denominarse como el “clan” Pinochet, marcaron el acontecer chileno la semana recién pasada.

Mientras lo primero se ha ido transformando cada vez más en una celebración íntima de la elite Concertacionista, perdiendo la fuerza épica que marcó el triunfo electoral sobre Pinochet en 1988, lo segundo tuvo una fuerte repercusión, copando portadas tanto de los medios informativos nacionales como internacionales.

Los Pinochet y su círculo más cercano, prontuariados y entrando a centros penitenciarios comunes y corrientes, marcan un hito –en Chile y el mundo- en lo que a administración y credibilidad en la institución Justicia se refiere.

Ante la fuerza de los hechos, a diferencia de antaño, la mayor parte de los parlamentarios y dirigentes de la Derecha, muchos de ellos ex funcionarios de la dictadura, guardaron silencio. Más aún, ante el anuncio de la Sra. Lucía Pinochet de querer postular a la Cámara Baja por el distrito Vitacura-Las Condes (el más rico del país), Larraín & Larraín (Presidentes de la UDI y de RN respectivamente) se apresuraron en asegurar que ella no sería su candidata por dicha zona.

En este sentido, la única nota increíblemente disonante, fue planteada por el ex Coronel del Ejército y actual Alcalde de la comuna de Providencia. En referencia a la detención de la viuda del ex dictador señaló: “Hay que entender, es una señora que tiene 80 y algo de años, con cinco hijos detenidos, sin saber qué es lo que está pasando con ellos. Yo creo que hay un problema de caridad y de comprensión cristiana”.

Paradojalmente, sus palabras son similares a las que miles y miles de personas, familiares de prisioneros políticos y detenidos desaparecidos, pronuciaban hace treinta años. En aquel momento también ellas buscaban “justicia, caridad y comprensión cristiana”. Muchas “madres de 80 y algo de años con varios hijos detenidos, sin saber lo que estaba pasando con ellos” no recibieron más que mentiras, silencio y represión como respuesta.

 La inmensa diferencia entre ambos momentos de la historia es más que clara. Hoy, quien actúa es la Justicia de manera independiente y en un Estado de Derecho, y no la fuerza de las armas amparada en el terrorismo de Estado, que fue lo que caracterizó a la dictadura y a su sistemática violación de los derechos humanos.