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A pesar que la educación competitiva y de mercado ha primado por sobre la educación para la ciudadanía, la participación y la democracia, esta generación de estudiantes, a través de su opinión, su organización y su exigencia ética, nos enseña que la educación no es solo conocimientos y competencias, sino mucha audacia, esperanza y tesón.

Desde hace más de dos meses que la creciente y sostenida participación de niñas, niños y jóvenes en el actual movimiento estudiantil en Chile refresca, sorprende y gusta a la propia sociedad que le vio nacer. Gracias a esto, se ha generado un debate público sobre la educación de las actuales y futuras generaciones como uno de los principales tema-país. Y es que la educación no solo es el capital humano –base de la riqueza y el desarrollo de un país en la actual sociedad del conocimiento–; sino que además, la educación y las credenciales educativas son vistas como la principal llave que abrirá las puertas de la movilidad social, ya que promete la superación de la exclusión.

Según Qvortrup (1992), Gaitán (2006) y Liebel (2007), existen una serie de asuntos de interés público que afectan directa e indirectamente a la infancia y la juventud. Cuando, las niñas, los niños y jóvenes opinan, participan y se organizan para intentar incidir en algunos de estos aspectos que afectan sus vidas –como la educación– están demostrando su capacidad de ser “actores sociales”, es decir, protagonistas del mundo social. En el actual movimiento estudiantil, particularmente el sector secundario, podemos comprobar cómo se re-construye el concepto mismo de infancia y juventud que había imperado en la sociedad chilena, superando los viejos estereotipos del “no estar ni ahí” y perfilándose como una generación ciudadana comprometida de manera protagónica con los cambios políticos, sociales y culturales de la sociedad chilena.

Recordemos que la llamada “revolución pingüina” de mayo 2006, no solo hizo tambalear la popularidad de Michelle Bachelet, también logró la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) –uno de los íconos de la herencia de la dictadura militar de Pinochet–. Tras la salida del entonces Ministro de Educación, Martín Zilic, se creó un Consejo de Educación integrado por diversos actores que elaboró una Ley General de Educación (LGE), aprobada sin respaldo ciudadano. No obstante, los hechos actuales demuestran que no fue una verdadera solución al problema de la educación y la desigualdad que aún persisten en Chile.

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Aunque constituye un intento de avance, el recién anunciado “Gran Acuerdo Nacional por la Educación” (GANE)  que quiere alcanzar el gobierno, se queda corto frente a la magnitud del problema, especialmente en materia de educación primaria y secundaria.

Y es que está más que demostrado, tanto por el SIMCE como por diversas mediciones internacionales, que la idea de crear un cuasi-mercado educacional basado en la iniciativa privada y por cierto, en la búsqueda del lucro, ha sido un fracaso. La cantidad de excluidos y la incapacidad del sistema educacional de nivelar las desiguales oportunidades originadas desde el nacimiento, son evidencia de aquello. Y esto no es sólo un problema de gestión. Es un problema estructural del sistema. Los dispares resultados en cuanto a rendimiento y a calidad educacional, no dejan duda –para quien lo quiera ver- de que el actual sistema educacional es altamente regresivo. Usando una imagen bíblica, el “efecto Mateo”, en este caso, es más que evidente: “Quienes más tienen son justamente quienes más reciben en materia educativa”.

¿Qué hacer entonces?

Se proponen a continuación tres medidas para contribuir al diálogo que hoy se está llevando a cabo en Chile en esta materia:

1) Reformular el concepto estrictamente educativo e individual del proyecto del gobierno y ampliar su connotación;

2) Establecer que la provisión de los primeros 15 años de educación (Pre-básica; Básica; y, Media) sea de responsabilidad del Estado con un aumento significativo en su financiamiento y en su calidad; y,

3) Destrabar por medio de acuerdos explícitos, el bloqueo que ciertos grupos de interés realizan a los avances en materia educativa.

Antes de explicarlas en detalle, es necesario eso sí, establecer tres premisas base:

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El gobierno de Chile, a través del Ministerio respectivo, decidió impulsar de manera unilateral un instrumento que denominó el “Contrato de Honor de las Familias por la Educación”. Aquel, que parece inocuo y bien intencionado, expresa de manera tácita el restringido concepto de “Educación” que en tanto política pública, detenta el sector político que hoy gobierna el país.

Lo primero que merece reparos es que a lo largo de este documento existe una ausencia total de la responsabilidad que le cabe al Estado como promotor y garante de derechos en este ámbito. Por el contrario, el énfasis del proceso educativo está exclusivamente centrado por una parte, en el alumno y sus padres, madres y apoderados, y por otra en el establecimiento educacional respectivo.

Aquella concepción “restrictiva” se ve reforzada con la idea que manifiesta el Contrato, según la cual la familia y el colegio son “socios” para lograr los resultados esperados en materia educativa. No constituyen una “comunidad”. Los afectos, identidades y demás procesos ligados a la interacción colectiva quedan fuera. El lenguaje empresarial (esta idea de sociedad) enmarca todo el paisaje, cercenando a los procesos educativos de sus raíces históricas ligadas -además de a los aspectos individuales de aprendizaje, a otros en los que el barrio, padres, madres, profesores y directivos estaban enlazados por un sentido de identidad y pertenencia. (more…)

El anuncio del gobierno del presidente Piñera en orden a clasificar los establecimientos educacionales según su rendimiento en colores: verde, amarillo y rojo, más que innovación resulta ser una medida altamente segregadora.

Y es que la lógica a la base de tal medida se sustenta en la competencia, pero parte de diversos supuestos erróneos.

En primer lugar, no considera que los puntos de partida de los diversos establecimientos no son los mismos. Existen diferencias abismales en términos de infraestructura y equipamiento lo que incide en la calidad recibida por los estudiantes.

En segundo lugar no toma en cuenta las diversas barreras a la entrada que establecen muchos colegios establecimientos. Mientras los particulares subvencionados y los privados tienen la facultad de establecer diversos mecanismos de selección de sus alumnos para terminar quedándose así con “los mejores”, los municipalizados están obligados a admitir a todos aquellos estudiantes que lo soliciten independientemente de sus características personales.

En tercer lugar no considera las importantes brechas que pueden existir entre los establecimientos en función de las características familiares, esencialmente en relación a los niveles de ingreso y a los niveles educacionales alcanzados por los padres y madres, factores que tienen una influencia directa también en el rendimiento de sus hijos e hijas.

En cuarto lugar implícitamente esta medida atribuye el resultado de las pruebas escolares exclusivamente a temas de buena o mala gestión de los directivos de los colegios, negando así los problemas estructurales que están a la base del sistema educativo chileno. (more…)

La propuesta de reforma de la educación primaria en el Reino Unido presentada esta semana, además de enfatizar en las áreas tradicionales de lenguaje, aritmética e historia,  incluye una innovación extraordinaria: Busca que al terminar este nivel de enseñanza, los niños y niñas británicos sean capaces de utilizar las nuevas herramientas que ofrece internet como los blogs, los podcast, y por supuesto Wikipedia o Twitter.

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Pupils to study Twitter and Blogs in Primary Schools Shake Up
By Polly Curtis.
The Guardian, 25 March 2009

 New curriculum will give teachers more freedom. Second world war and Victoria not compulsory

Children will no longer have to study the Victorians or the second world war under proposals to overhaul the primary school curriculum, the Guardian has learned.

However, the draft plans will require children to master Twitter and Wikipedia and give teachers far more freedom to decide what youngsters should be concentrating on in classes.

The proposed curriculum, which would mark the biggest change to primary schooling in a decade, strips away hundreds of specifications about the scientific, geographical and historical knowledge pupils must accumulate before they are 11 to allow schools greater flexibility in what they teach. (…)

Continuar leyendo la Versión Completa del Artículo en The Guardian.

Coincidiendo con el descanso de PoliticaPublica.cl, se dió un gran debate en Chile, en torno a la postergación o no -en las presentes elecciones municipales- del requisito de haber concluido el cuarto año de enseñanza media(1), para ser candidato a alcalde, modificando con ello la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695).

La discusión se centró en distintas visiones.

Una de ellas tiene que ver con exigir a quien dirige los destinos del municipio de una preparación mínima para ello. Hoy en día son múltiples las necesidades que afectan no solo a la población sino que también al territorio mismo que posee la comuna, por lo que el encargado de tomar las decisiones en materia de su competencia, debe estar a la altura educacional para poder elegir bien. Así mismo, la autoridad edilicia es quien dirige a los funcionarios municipales, que en su mayoría poseen a lo menos el cuarto medio rendido. Para qué decir las plantas de técnico, profesionales y directivos, los que además poseen estudios por sobre la enseñanza media, lo que para los partidarios de tal exigencia, resulta imprescindible que tal autoridad a lo menos goce de cierto nivel educacional. (more…)

Desde el punto de vista teórico, a nadie debería sorprender el alto grado de tensión y conflicto producido en torno a la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en Chile. Se vivió en la “revolución pingüina”; dentro del Consejo Asesor Presidencial; en el proceso de negociación del acuerdo liderado por la ex-ministra Provoste; y, se vive hoy, en el trámite parlamentario y en las calles del país.

Y claro, es que estamos de cara a una política pública de corte redistributivo. De todas, la arena de política que según Lowi, es la más conflictiva de las cuatro que nos podemos encontrar en el mundo de las políticas públicas. (more…)

En Chile, la lógica de mercado aplicada a la educación ha resultado nefasta.

No sólo ha sido incapaz de generar los incentivos prometidos para mejorar la calidad y el rendimiento del sistema en su conjunto, sino que además ha profundizado las desigualdades sociales, consagrando una situación similar a la descrita por Bourdieu (en “Herederos”) hace más de cuarenta años: las Escuelas, en vez de permitir la movilidad social, siguen siendo un espacio de reproducción de la estructura social existente, condición que en un país tan desigual como el nuestro, resulta ser francamente inmoral y sospechosamente funcional al statu quo existente.

La discusión en el parlamento sobre la Ley General de Educación (LGE), viene a brindar la posibilidad de perfeccionar el acuerdo político alcanzado para derogar la vetusta LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza). No podemos seguir pensando que la educación es un bien que se transa en el mercado y que cada familia será la responsable, por su propio esfuerzo, de proveerse el financiamiento requerido para comprar calidad. La educación es un derecho social, y como tal debe ser inalienable, y al Estado le cabe un rol central e ineludible en ello.

Las indicaciones planteadas por un grupo de diputados de la Concertación, apuntan en tal sentido. Como aquellas señalan, se requiere al menos: Explicitar con claridad el concepto de Educación Pública que adoptaremos como sociedad, cuál será la responsabilidad que le cabe al Estado en tal sentido y, cuál será la opción que tomemos respecto a ella; El proyecto de la LGE debe ser más explícito en términos de querer construir una educación igualitaria e integradora, y no sólo equitativa; y, finalmente, el proyecto de la LGE debe optimizar los mecanismos de transparencia y de control de los recursos públicos traspasados a las entidades privadas.

Es una oportunidad única. El Consejo Asesor Presidencial en Educación; el gobierno; y, las diferentes fuerzas políticas que participaron en las conversaciones que culminaron en el acuerdo general,  han logrado un interesante acuerdo. Pero por favor no nos ceguemos, todas las cosas son perfectibles y aún es tiempo de mejorar el proyecto de la LGE para permitir que la Educación chilena rompa, de manera efectiva y consciente, el peso de la cuna, especialmente la de los estratos socioeconómicos medios y pobres.

Dos imágenes marcan la trayectoria ministerial de Yasna Provoste. En la primera, ella aparece en el centro de la escena, feliz, junto a la presidenta, con los brazos alzados, de la mano de personeros de gobierno y oposición, celebrando, al borde de las lágrimas, la firma del acuerdo político nacional en educación.

En la segunda, sólo seis meses después, su rostro compungido, al término de la sesión del Senado, en la que por una estrecha mayoría (20 votos contra 18), es destituida de su cargo como Ministra de Educación.

Como puede verse, su paso de héroe a villana, desde el punto de vista de la oposición, fue extraordinariamente rápido.

Al respecto, pueden darse al menos dos explicaciones para ello (de las muchas que abundan en los medios por estos días). O bien, la oposición está resuelta a llevar la tesis del “desalojo” al extremo, realizando este tipo de severas acciones o bien, simplemente aprovecharon la mayoría circunstancial otorgada por la configuración de la bancada de “independientes” para llevar a aquel extremo una situación administrativo-política reprobable, pero frente a la cual existían caminos de salida alternativos. En esta segunda interpretación, los votos de la Alianza se habrían prestado para ejecutar una venganza personal y partidaria, ajena a sus intereses, pero que era funcional para avanzar –desde su perspectiva- en posiciones políticas.

Como sea, el resultado, que legítimamente  puede haber generado satisfacción a un grupo de chilenos y chilenas, es peligroso desde el punto de vista institucional. Sin duda que en una democracia sólida, el respeto por las instituciones y sus mecanismos es clave. Sin embargo, también es muy importante el criterio con los que son aplicados estos últimos. La acusación constitucional a los ministros, nace como una forma de contrapesar el presidencialismo, y como tal, es un recurso muy interesante. Sin embargo, su uso indiscriminado e irreflexivo, además de que le hace perder fuerza y credibilidad a este mecanismo, puede terminar haciendo que produzca efectos perversos no buscados, especialmente en lo que a rendimiento gubernamental y gobernabilidad respecta.

“Si esto hubiera pasado en el sector privado el señor Seremi estaría de patitas en la calle y nadie lo protegería”. Así expresaba su descontento una lectora del diario “La Tercera”, en Cartas al Director”, por la situación (escándalo) de las subvenciones en el Ministerio de Educación. Lo que está carta expresa es el sentir legítimo de la lectora, mas no reconoce la lógica de acción que hay detrás de la gestión pública, que es distinta de la lógica privada y que define la actuación de las autoridades y los funcionarios públicos. Más allá del traspaso de herramientas, modelos y conceptos de gestión que se han incorporado  a lo público desde lo privado, las diferencias en los fundamentos persisten y se mantendrán.

En el caso de las subvenciones estamos ante un tema que debe aclararse sobre dos ejes: uno respecto a los fondos involucrados (desorden administrativo v/s perjuicio fiscal) y el otro en relación a ¿quién es responsable de qué? y la forma como se va a sancionar a los implicados. (more…)