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En la edición Nº 241 de Revista Capital (del 14 al 27 de noviembre de 2008), página 124, apareció un comentario sobre PoliticaPublica.cl.
En lo fundamental, la nota (que presenta un leve error en el link, pues aparece nuestro nombre en plural) señala que el sitio:
”Presenta una gran variedad de temas sobre el Estado y la sociedad en general, posteados por un extenso grupo de colaboradores. Eso es una gran ventaja: varios puntos de vista y un gran número de temas sobre esta área que para muchos puede parecer lejana. Se agradece que haya varios columnistas.
Sin embargo este sitio no presenta un buen diseño ni funcionalidad. no existe una categorización clara de los post y la estética es demasiado simple: poca imagen y mucho texto que, al final aburre la lectura cuando uno se desplaza por la web.
Buen contenido, pero falta ese agregado importante que deben tener los sitios web: la imagen e interacción. NV“.
Agradecemos pues a este importante medio, la opinión sobre nuestro trabajo. Tomaremos en cuenta tanto sus elogios como sus críticas para ir mejorando nuestro quehacer.
Atentamente,
El Editor
(Nota: El comentario sólo está disponible en la edición en papel de la revista, no en internet)
Hace nueve meses, cuando la crisis apenas era vislumbrada en el horizonte, PoliticaPublica.cl anticipó su impacto en el escenario político y electoral.
Vale la pena entonces, volver a leer esta editorial del 31 de enero de 2008: “Crisis Económica y Campaña Electoral“.
La ausencia del país de la Presidenta Bachelet, el día que es puesta en marcha la Reforma Previsional, constituye un desacierto político y comunicacional de proporciones.
Por una parte, le resta estatus a la implementación de la política, despreciando lo que el enfoque bottom-up llama “la ventanilla”, es decir el punto concreto de interacción entre el Estado y los ciudadanos, y por otra, desaprovecha la gran oportunidad de coronar simbólicamente uno de los mayores legados de su gobierno.
Y es que en este sentido, contrariamente a lo que plantea el enfoque racionalista, la etapa de implementación de las políticas públicas, no es eminentemente técnica, sino que tiene también una dimensión política profunda. Como dice Lowi, son las políticas públicas las que influyen en el contenido de la política, y en este caso, el gobierno habría tenido una oportunidad estupenda para, durante algunos días, copar la agenda política y mediática con los beneficios que implica la reforma, contrarrestando así, las turbulencias que la gobernabilidad del país ha tenido en las últimas semanas. Aquello sin embargo, sólo se podría haber conseguido con desplazamientos a terreno de la mandataria, visitando las nuevas agencias públicas, conversando con los primeros usuarios, en fin, con un despliegue de estrategia comunicacional de proporciones.
Lo que pasó sin embargo, estuvo bastante alejado de aquel escenario. El mensaje presidencial por cadena de radio y televisión no bastó para asegurar cobertura de prensa, y en el transcurso del día, poca mención tuvo el comienzo de esta reforma de gran magnitud para la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas. En definitiva, otra oportunidad perdida por La Moneda.
En Chile, la lógica de mercado aplicada a la educación ha resultado nefasta.
No sólo ha sido incapaz de generar los incentivos prometidos para mejorar la calidad y el rendimiento del sistema en su conjunto, sino que además ha profundizado las desigualdades sociales, consagrando una situación similar a la descrita por Bourdieu (en “Herederos”) hace más de cuarenta años: las Escuelas, en vez de permitir la movilidad social, siguen siendo un espacio de reproducción de la estructura social existente, condición que en un país tan desigual como el nuestro, resulta ser francamente inmoral y sospechosamente funcional al statu quo existente.
La discusión en el parlamento sobre la Ley General de Educación (LGE), viene a brindar la posibilidad de perfeccionar el acuerdo político alcanzado para derogar la vetusta LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza). No podemos seguir pensando que la educación es un bien que se transa en el mercado y que cada familia será la responsable, por su propio esfuerzo, de proveerse el financiamiento requerido para comprar calidad. La educación es un derecho social, y como tal debe ser inalienable, y al Estado le cabe un rol central e ineludible en ello.
Las indicaciones planteadas por un grupo de diputados de la Concertación, apuntan en tal sentido. Como aquellas señalan, se requiere al menos: Explicitar con claridad el concepto de Educación Pública que adoptaremos como sociedad, cuál será la responsabilidad que le cabe al Estado en tal sentido y, cuál será la opción que tomemos respecto a ella; El proyecto de la LGE debe ser más explícito en términos de querer construir una educación igualitaria e integradora, y no sólo equitativa; y, finalmente, el proyecto de la LGE debe optimizar los mecanismos de transparencia y de control de los recursos públicos traspasados a las entidades privadas.
Es una oportunidad única. El Consejo Asesor Presidencial en Educación; el gobierno; y, las diferentes fuerzas políticas que participaron en las conversaciones que culminaron en el acuerdo general, han logrado un interesante acuerdo. Pero por favor no nos ceguemos, todas las cosas son perfectibles y aún es tiempo de mejorar el proyecto de la LGE para permitir que la Educación chilena rompa, de manera efectiva y consciente, el peso de la cuna, especialmente la de los estratos socioeconómicos medios y pobres.
Uno de los aciertos de la derecha en el mundo, en función de sus intereses, fue haber logrado “naturalizar el proyecto neoliberal”. Poco a poco hicieron que el frame o marco que utilizan para analizar y transformar el mundo, se volviera “transparente” y fuese aceptado como natural por la ciudadanía en general y por gran parte de las elites políticas y académicas en particular. Esa ha sido base importante de su éxito en estos últimos treinta años.
En estas dos últimas semanas sin embargo, en Chile, dos hechos han ido contra aquella corriente. En primer lugar, la entrega del informe de la Comisión Trabajo y Equidad (ver artículo de Vladimir Ovando), que viene a hacer explícito que el mercado no todo lo puede; que el crecimiento económico no basta por sí solo para eliminar las desigualdades sociales; y, que al Estado le cabe un rol clave e ineludible en tal sentido.
El segundo de estos hitos, ha sido -producto al parecer de un error táctico de uno de sus think tank- proclamar implícitamente a los cuatro vientos (Ver artículo de Javier Insulza), que el marco desde el que se mueve parte importante de la derecha nacional, para entender la política y toda actividad humana es el rational choice. Y esto no es menor. Desde este modelo de análisis, la acción humana está guiada únicamente por la maximización de sus beneficios individuales. En otras palabras, este modelo reduce al ser humano a un ente (el homus economicus) racional, individualista y egoísta, que no conoce ni principios ni valores; que no sabe de solidaridad ni de altruismo. Todos sabemos sin embargo, que las personas son más integrales y coherentes que aquello. Como dijo Amartya Sen, el homus economicus es un “imbécil social”.
Ahora que conocemos lo que prima en sus decisiones y en la forma de ver a los ciudadanos, al proyecto neoliberal no le será tan fácil implementar sus estrategias. Las personas y la política son más complejos de lo que piensan. Reducirlos a la lógica del mercado no es suficiente. La historia lo ha demostrado con creces.
La capacidad y eficiencia de la coordinación intersectorial, la toma de decisiones pertinentes y en el tiempo apropiado, y el legítimo uso de la coerción pública cuando ha sido necesario, han sido tres de las características más importantes que ha tenido la acción gubernamental frente a la crisis gatillada por la erupción del volcán Chaitén. A ello se suma un cuarto elemento esencial, el ejemplar comportamiento de la ciudadanía a pesar de la tensión y del dolor asociado a su desarraigo y a sus pérdidas emocionales y materiales.
Guardando las proporciones y las diferencias en magnitud de ambas tragedias, este hecho contrasta de manera colosal con lo que hoy está ocurriendo en Myanmar. Allí, su gobierno -una dictadura militar- ha operado de manera increíblemente negligente e ineficaz. No fue capaz de alertar a la población para minimizar el daño que sabían provocaría el paso del huracán; no ha establecido un adecuado dispositivo de atención a las víctimas; ha minimizado la magnitud de la catástrofe; y, además de todo, ha obstaculizado la llegada de la ayuda internacional.
Como vemos, la acción pública debe estar preparada para funcionar tanto en tiempos de normalidad como en los de crisis o catástrofes como estas. La protección civil es un asunto clave para el bienestar de la población, más aun cuando por lo general, los desastres naturales también afectan de manera más cruenta, a los más pobres.
La crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo, viene a demostrar una vez más, la íntima interrelación existente entre los diferentes asuntos o problemas públicos (issues)
En este caso, la búsqueda de un sustituto a los combustibles fósiles tradicionales, generó un aumento creciente de la demanda de cereales . Aquello, además del considerable incremento de sus precios, derivó en una menor disponibilidad de estos recursos para el consumo humano con fines alimentarios.
Como vemos, una vez más la acción libre de la “mano invisible” (que podrá ser muy eficiente en lo que a asignación de recursos respecta), genera importantes costos sociales que terminan siendo asumidos por los más pobres.
Requerimos pues, a nivel mundial, fortalecer la capacidad de los organismos supranacionales, para coordinar y regular algunos aspectos esenciales en materia de política pública.
La ONU, la UE, la OEA, han de ser capaces de preveer situaciones como ésta y de vislumbrar medidas políticas y de políticas, proactivas más que reactivas. La gobernabilidad, la estabilidad y el bienestar global lo exigen.
Dos imágenes marcan la trayectoria ministerial de Yasna Provoste. En la primera, ella aparece en el centro de la escena, feliz, junto a la presidenta, con los brazos alzados, de la mano de personeros de gobierno y oposición, celebrando, al borde de las lágrimas, la firma del acuerdo político nacional en educación.
En la segunda, sólo seis meses después, su rostro compungido, al término de la sesión del Senado, en la que por una estrecha mayoría (20 votos contra 18), es destituida de su cargo como Ministra de Educación.
Como puede verse, su paso de héroe a villana, desde el punto de vista de la oposición, fue extraordinariamente rápido.
Al respecto, pueden darse al menos dos explicaciones para ello (de las muchas que abundan en los medios por estos días). O bien, la oposición está resuelta a llevar la tesis del “desalojo” al extremo, realizando este tipo de severas acciones o bien, simplemente aprovecharon la mayoría circunstancial otorgada por la configuración de la bancada de “independientes” para llevar a aquel extremo una situación administrativo-política reprobable, pero frente a la cual existían caminos de salida alternativos. En esta segunda interpretación, los votos de la Alianza se habrían prestado para ejecutar una venganza personal y partidaria, ajena a sus intereses, pero que era funcional para avanzar –desde su perspectiva- en posiciones políticas.
Como sea, el resultado, que legítimamente puede haber generado satisfacción a un grupo de chilenos y chilenas, es peligroso desde el punto de vista institucional. Sin duda que en una democracia sólida, el respeto por las instituciones y sus mecanismos es clave. Sin embargo, también es muy importante el criterio con los que son aplicados estos últimos. La acusación constitucional a los ministros, nace como una forma de contrapesar el presidencialismo, y como tal, es un recurso muy interesante. Sin embargo, su uso indiscriminado e irreflexivo, además de que le hace perder fuerza y credibilidad a este mecanismo, puede terminar haciendo que produzca efectos perversos no buscados, especialmente en lo que a rendimiento gubernamental y gobernabilidad respecta.
El revuelo causado por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir la distribución de la denominada píldora del día después, parece haber generado una doble ventana de oportunidad.
Por un lado, a la derecha más liberal y moderna se le presenta la posibilidad de avanzar sus posiciones dentro del sector. Nuestra Editorial de la semana pasada, terminaba con un llamamiento a los librepensadores de la derecha, para que manifestaran su disidencia respecto del actuar del grupo conservador que presentó el requerimiento ante el TC. Afortunadamente así ha sucedido. En esta materia la Alianza ha estado lejos de presentarse monolítica. Es más, un pequeño grupo de sus parlamentarios y dirigentes llegó incluso a reunirse con la Ministra del SERNAM, para manifestar su apoyo al gobierno en esta materia. Aunque pueda decirse que los sectores conservadores predominan en la Derecha, este hecho, que constituye a lo menos un pequeño símbolo de renovación, es una buena noticia para el sistema político chileno.
Por el otro lado, se presenta la ventana de oportunidad de avanzar en materia de derechos reproductivos y sexuales, transformando una derrota en una victoria. Si bien es cierto la resolución del TC significa un retroceso en este ámbito, la movilización de la sociedad civil, la sensibilización de la opinión pública, y la actuación de las redes de asuntos y de los políticos de políticas han ido generando un clima favorable para que el gobierno impulse medidas, no solo supletorias y alternativas a la píldora del día después, sino que además otras de mayor audacia, que se traduzcan de manera concreta en la ampliación del ejercicio de derechos en esta materia.
La publicación del fallo completo y definitivo del TC en las próximas semanas, será un hito importante que marque el devenir en este asunto. Con alta probabilidad, los actores involucrados están preparando sus tácticas y estrategias para aquel día. Será interesante ver su despliegue y sus consecuencias.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir la distribución de la denominada “píldora del día después” en los servicios públicos de salud, además de la desigualdad social que ello representa (pues quien tiene dinero podrá comprarla en el mercado), viene a evidenciar que, lamentablemente y a pesar de todo, el Estado Chileno sigue siendo capturado por el integrismo católico.
De esta manera, grupos como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y otros similares, operan a través de los partidos de Derecha (la UDI en este caso) para impulsar acciones como ésta o como la tenaz presión ejercida durante años por este mismo sector, para evitar que en Chile se legislara en torno al divorcio.
¿Qué pensarían Hayek y Friedmann si pudieran ver que sus obsecuentes discípulos en lo económico, actúan de este modo tan tradicionalista en lo moral? Más directamente aún, ¿Qué estarán pensando los sectores liberales, laicos y librepensadores, dentro de la propia UDI y RN, al ver la actuación de sus correligionarios más ultramontanos (que son precisamente los que hicieron la presentación ante el TC)?
Sería interesante que se levantaran sus voces disidentes al respecto, por el bien tanto de la Derecha (de una Derecha moderna y no decimonónica) como de la democracia chilena.
La situación por la que atraviesa Argentina en estos momentos, derivada de la decisión del gobierno de la Presidenta Fernández Kirchner de gravar con mayores impuestos al sector agrícola del país, constituye un caso muy interesante de análisis. Éste viene a mostrar de manera excepcional, la íntima relación existente entre política y políticas públicas.
No es nuestra intención opinar sobre lo positivo o negativo de la medida. Simplemente lo que queremos resaltar, es el efecto que en materia de acción política, ha tenido esta decisión de política pública.
Increíblemente, todavía hay quien plantea que el terreno de las políticas públicas es el terreno de lo exclusivamente técnico y racional. Olvida de esta manera, que así como la política influye sobre las políticas públicas, estas últimas tambien influyen sobre la política, y no solamente en la partidaria, sino también en lo que respecta a la movilización de los actores involucrados, que es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Argentina.
La gobernabilidad y la estabilidad política de un país, muchas veces son víctimas de políticas públicas erradas en su diseño o en su implementación. El caso del Transantiago en Santiago de Chile, es un buen ejemplo de ello.
La toma de decisiones gubernamental debe sopesar no sólo criterios económicos. Es fundamental que considere también la variable política, a objeto de dar viabilidad real a las iniciativas que quieran ser impulsadas.
Poco importan las decenas de miles de muertos, las víctimas civiles y la destrucción material y moral del pueblo irakí. Poco importa que para su justificación, se haya echado mano al engaño y al invento de las supuestas “armas de destrucción masiva”, por lo demás nunca encontradas. Poco importa que la invasión haya sido efectuada de manera unilateral, pasando por encima de la ONU y de la opinión ciudadana mayoritaria a lo largo del mundo. Poco importa que para su financiamiento, se haya sacrificado la disciplina fiscal norteamericana, y se haya gatillado la crisis económica que hoy atraviesa el mundo. Poco importa todo aquello, porque hoy sabemos que la guerra de Irak es “justa, noble y necesaria”. Así al menos opina Bush, su principal promotor, y así lo declaró al mundo justo hoy, cuando se cumplen cinco años del inicio del conflicto bélico.
Y aquella paráfrasis bíblica para enjuiciar lo que todo el mundo progresista y democrático considera, y consideró en su momento una aberración (con la excepción lamentable de Blair y el gobierno británico), no solo muestra la nula autocrítica de un gobierno que ha hecho una pésima gestión a lo largo de su mandato, sino que además, que el peso de los neocons y teocons, se mantiene intacto.
Crucemos los dedos pues, para que la ciudadanía norteamericana sea razonable en su próxima eleccion presidencial y apoye a aquel candidato que esté dispuesto a terminar con aquella carnicería. Más aún, confiemos en que sean lo suficientemente sensatos como para hacer llegar a la Casa Blanca a aquel que nunca apoyó esta barbarie.
El bombardeo noticioso de esta semana en la prensa escrita chilena, viene a evidenciar lo que será la estrategia de la derecha y de sus medios de comunicación durante la segunda mitad del gobierno de la Presidenta Bachelet. Su “encuadre” (para utilizar la nomenclatura de Lakoff) es bastante claro: “La Concertación se ha degradado, los casos de corrupción lo reflejan. Es necesario un cambio”.
Aquel probablemente será el tema central de campaña de Sebastián Piñera y del candidato UDI que logren levantar. Que duda cabe que lo anterior irá acompañado además, por el intento de ”demostrar” la supuesta situación de ingobernabilidad en la que estáría envuelta el país.
Como señala el mismo autor citado, no debemos olvidar que los medios de comunicación no ofrecen al lector una descripción “objetiva” de la realidad. Los medios ofrecen más bien una interpretación acerca de la realidad, una manera de entender el mundo, que los lectores/as, imperceptiblemente asumen y confunden como si aquello se tratara de la realidad misma.
Por otro lado, dada la concentración de la propiedad de los medios en el país, y el compromiso de sus dueños con la ideología conservadora, no es de extrañar que como planteó el ex-Presidente Lagos recientemente (extrapolando un término propio de la situación política española de estos años), nos encontraremos con un bienio cargado de crispación, gatillado por una actitud hostil y extremadamente crítica de la Derecha. A no dudar que aquella será su apuesta para lograr acceder al gobierno, apuesta plenamente coherente con su anunciado “desalojo”, y con toda la negativa y violenta connotación de aquella palabra.
A los progresistas chilenos, nos corresponde pues evitar aquello, con propuestas, compromiso y con la certeza de que el camino de la Izquierda, moderada y moderna, es la mejor alternativa de gobierno para Chile. Dieciocho años de estabilidad y de progreso económico y social así lo demuestran.
Cincuenta y cinco años dedicado a la política de primera línea -desde aquel 26 de julio del frustrado ataque al cuartel Moncada-, en los que sin lugar a dudas logró hacer historia. Y la hizo como un actor relevante del siglo XX, no sólo de su país, sino también del acontecer mundial. El derrocamiento del dictador Batista, después de años de infatigable lucha en la sierra Maestra junto a sus barbudos, le catapultaron directamente al primer plano. Y aquello, no deja de ser meritorio, más aún pensando en las dimensiones geográficas y económicas de la isla.
Pero su ejemplo dejó huella indeleble. Que duda cabe que muchas transformaciones estructurales, como las reformas agrarias, de los sesenta en América Latina, impulsadas por la norteamericana Alianza para el Progreso, fueron una forma de poner atajo al ejemplo revolucionario. Cómo negar que muchos de los movimientos sociales de los sesenta y setenta, que apuntaban a terminar con la injusticia social en los diferentes países de la región, tenían como fuente de inspiración la gesta heroica cubana
Pero claro, como dice Tönnies, el carisma se seculariza, y eso parece haberle pasado a Fidel. Su perpetuación en el poder, la limitación de las libertades ciudadanas y la personalización del régimen, constituyen recursos típicos de los autoritarismos, y aquello, sea en aras de la revolución, o de la defensa contra el enemigo externo, resulta una limitación a la democracia. A qué negarlo, aquel es el punto más débil del sistema cubano.
Lo que venga hacia delante para la isla es una incógnita. Según los analistas no parece factible una apertura política, que gatille una transición hacia la democracia. Tal vez suceda lo que en China, en donde coexiste la mano férrea en la política interna, junto con una mano abierta al capitalismo, en lo que a intercambio con el exterior se refiere. Lo que acontezca el domingo 24, en la Asamblea Nacional cubana, comenzará a dar luces al respecto.
Con alegría compartimos con ustedes el logro de haber alcanzado las 3300 visitas y las casi 5000 páginas consultadas.
Cuando comenzamos el proyecto colectivo PoliticaPublica.cl, hace ocho meses, confiábamos en tener una buena recepción por parte de todos aquellos/as interesados en los asuntos públicos, en la acción de gobierno y en la actividad política, pero este resultado numérico y la dispersión geográfica de nuestros visitantes, supera con creces nuestras expectativas.
Esperamos seguir contando con vuestra preferencia. Nosotros, pondremos lo mejor de lo nuestro para analizar sólida y amenamente el devenir de las políticas públicas en Chile, España, Latinoamérica y el mundo.
Tal como hace diez años, el 2008 estará marcado por una situación de crisis económica. Si ayer su origen estuvo en la denominada “crisis asiática” que contagió al resto del mundo, hoy su génesis parece estar asociada tanto al déficit fiscal norteamericano (originado por el financiamiento de la guerra de Irak) como a la debilidad regulatoria de aquel país en materia financiera. La “crisis de las hipotecas” es la mejor señal en este último sentido.
Como sea, algunos más, algunos menos, todos los países se verán afectados por la contracción del ciclo económico mundial. Probablemente la UE logrará capear la crisis de bastante buena manera, aunque algunos sectores específicos acusarán recibo del fuerte embate. Tal es el caso por ejemplo del sector inmobiliario en España que ya da signos de ralentización. Otros como Chile, en virtud de los superávit sucesivos de estos últimos años, tendrá recursos a los cuales echar mano para tomar las medidas contracíclicas de rigor, de modo tal de aminorar lo más posible el impacto negativo de la crisis sobre la población. Es de esperar en todo caso, que el Banco Central no cometa los mismos errores de hace una década. En aquel momento su sobrerreacción agudizó artificialmente los efectos perniciosos de la recesión sobre la economía nacional.
En materia de repercusiones, merece una mención especial el tema electoral. Este año se llevarán a cabo elecciones en varios países: Estados Unidos (Primarias y Presidenciales); España (Generales); Chile (Municipales), entre otros. En muchos casos, las respectivas campañas tendrán lugar en medio de la crisis, cuando la ciudadanía comience ya a sentir sus efectos. Será interesante entonces, ver cómo las diferentes fuerzas políticas -gobierno incluido- enmarcarán este tema. Acusaciones de mala gestión, acompañadas de intentos por un lado y otro, de demostrar que se es el mejor capacitado para conducir el timón gubernamental y económico serán ejes fundamentales de la campaña.
Más que nunca entonces, los personeros -actuales o futuros- responsables del tema económico en cada país, considerando por cierto sus pergaminos y experiencia, decidirán la elección.
Con el permiso de ustedes, en esta ocasión la Editorial es “corporativa”, pues el motivo lo amerita.
Con gran satisfacción les contamos que PoliticaPublica.cl, junto con CLACSO, INFOLATAM, Rèseau Amérique latine y otros prestigiosos portales, ha sido incluido en la sección enlaces de la “Comunidad de Ciencia Política” vinculada a la Red de Revistas de América Latina y el Caribe (Redalyc).
El objetivo de esta “Comunidad”, que cuenta con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), es crear un espacio que contribuya a establecer mayores vínculos entre los politólogos que participan de redes y contextos académicos diversos, difundiendo las actividades que cada uno realiza y fomentando los lazos entre diversos espacios institucionales y organizativos.
Allí es posible además, encontrar información sobre convocatorias de congresos, becas, así como también acceder a numerosas revistas científicas sobre Política y Ciencias Sociales que tienen disponibles sus artículos a texto completo (open access).
Les invitamos a conocer este nuevo espacio, siguiendo este link o bien a través del listado de “Sitios de Interés” que aparecen en la columna derecha de nuestra Portada.
En Chile, desde la semana pasada, han trascendido declaraciones de diferentes personeros políticos, que han manifestado su interés en que la Concertación y la Alianza acerquen posiciones.
De esta manera, la “política de los acuerdos” que caracterizó a Chile durante los tres primeros gobiernos post dictadura, y que tantos réditos dio al país en materia de estabilidad política, gobernabilidad y crecimiento económico, podría tener una nueva versión.
Por si aquellas fueran pocas razones, este acercamiento dejaría fuera de juego a incursiones personalistas de políticos (que recientemente han renunciado o han sido expulsados de sus respectivos partidos) que intentan formar referentes políticos basados en el populismo y la demagogia, más que en la oferta de un proyecto país sólido.
La reciente aprobación de la reforma previsional, en un rápido trámite legislativo y con la unanimidad de las fuerzas políticas en su última fase, puede constituir un hito fundacional en la línea planteada. Como señaló la presidenta Bachelet, el acuerdo político entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza “evidencia que el país gana mucho más con la colaboración” de sus fuerzas políticas que con la lógica de crispación que se venía dando en el último tiempo.
Los últimos hechos protagonizados por el Senador Flores y el ex diputado Shaulsohn, parecen revelar la estrategia que estaría asumiendo el partido Chile Primero en su etapa de formación. Siendo una fuerza política en extremo pequeña, ha logrado inclinar la balanza, pactando en esta pasada (en la del Transantiago) con la derecha, pero sin descartar, probablemente, y como lo ha hecho en otras iniciativas, hacerlo con la Concertación.
Aquello que no es una novedad en política, es mucho más propio eso sí, de regímenes parlamentarios. En éstos, han ocurrido casos emblemáticos de partidos pequeños, con pocos escaños, que logran inclinar la balanza hacia uno u otro partido mayoritario incapaz por sí mismo de hacer gobierno. Así, juegan haciendo alianzas alternadamente con izquierdas o con derechas, sacando jugosos dividendos políticos, y formando parte casi de manera permanente de sucesivos gobiernos. Su posición, bastante acomodaticia, pragmática y vacua en lo ideológico, es en extremo eficaz en lo que a acceso al poder se refiere.
En definitiva, muy por el contrario a lo afirmado en esta sección hace un par de meses, el último trimestre político en Chile ha sido muy movido. Será interesante monitorear el devenir de acontecimientos para determinar el efecto a futuro de tantos dimes y diretes. En una de esas nos enfrentamos a un nuevo cleevage o escisión generativa que venga a reconfigurar el sistema de partidos políticos del Chile post Pinochet.
Los fondos destinados al Transantiago -el plan de transporte colectivo de la región Metropolitana de Chile- fueron rechazados anoche en el Senado. Los votos de los parlamentarios de gobierno no bastaron para hacer frente a la acción en bloque de todos los senadores de la alianza opositora, a la que se sumaron dos senadores electos en su día por la Concertación (la coalición gobernante). Algo similar ocurrió la semana pasado en la Cámara de Diputados. Allí, cinco diputados de la Concertación , más uno que antes lo fue, votaron junto a la Derecha por el rechazo. Con ocasión de estos hechos, vale la pena un breve glosario, basado en el diccionario de la RAE, para entender mejor la situación:
Responsabilidad: Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
Consecuencia: Correspondencia lógica entre la conducta de una persona y los principios que profesa.
Tránsfuga:
1. Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra.
2. Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.
Las reflexiones, vinculaciones y conexiones posibles de estos conceptos con la realidad, se las dejamos a ustedes.
Aunque resulte un eufemismo hablar de “cohesión social” en una región en la que el 10% más rico de la población gana 30 o 40 veces más que el 10% más pobre, y aunque sea una gran paradoja que el lugar de reunión haya estado emplazado en el sector geográfico en el que residen las personas de más altos ingresos del país anfitrión, es un hecho político significativo que aquel haya sido el tema de la última Cumbre Presidencial Iberoamericana, celebrado en Santiago de Chile la semana recién pasada.
Más allá de la polémica sesión de cierre -que no pasa de ser un asunto personal- lo interesante de la reunión es la posibilidad que ésta abre de incorporar en las respectivas agendas nacionales, temas que hasta hace un tiempo eran tabú en el lenguaje político-económico latinoamericano.
“Inclusión”, “Justicia” y “Protección Social” estuvieron ausentes durante décadas del lenguaje oficial. Su intenso aroma a izquierda gatillaba reacciones antagónicas en tiempos en que la ideología y las medidas neoliberales de ajuste estructural, campeaban a sus anchas en la región. Hoy algo parece haber cambiado y el hecho de ser pronunciadas (lo pueden ver en la “Declaración de Santiago“) algo de esperanzas abre a aquel voluminoso número de personas que en América Latina aún vive en condiciones de pobreza. En todo caso, la “redistribución” tendrá que esperar un tiempo más. Aún es palabra non grata, y sólo logra asomarse de manera tímida y sólo “en los casos que ello sea posible”, como señala el texto final de la reunión.
El anuncio de la encargatoria de reo de los presuntos autores del homicidio calificado de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, ocurrido hace casi exactamente 19 años, constituye una importante señal de autonomía e imparcialidad de la justicia chilena. A la vez, contribuye enormemente a mejorar la confianza que la ciudadanía puede tener en esta institución, especialmente en lo relativo a los casos de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Lesa humanidad.
Pellegrin y Magni eran combatientes y altos dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que participaron en el asalto a la localidad de Los Queñes, que en el marco de la denominada “Guerra Patriótica Nacional”, había realizado esta organización con fines de carácter propagandístico.
Luego de unos días de persecusión por el interior de la septima región, como consecuencia del mencionado ataque, fueron capturados por funcionarios de Carabineros de Chile. Como señala la Resolución Judicial, emitida por el Juez Carlos Aránguiz, Raúl Pellegrin y Cecilia Magni fueron rudamente golpeados ”en zonas vitales, por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos… producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al río Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida, como para simular de este modo una muerte por inmersión”.
A pesar de los años transcurridos, casos como este, abren las esperanzas de que efectivamente se haga justicia en Chile. Que aunque el avance sea mucho más lento de lo deseable, finalmente los autores de tanto dolor y tanta muerte sean sancionados. Que de una vez por todas, todos los sectores políticos y sociales, sin eufemismos ni relativizaciones morales, reconozcan que en Chile, durante diecisiete años, la dictadura diseñó e implementó una política destinada a la represión y eliminación de opositores, contando para ello con todos los mecanismos, recursos y procesos de cualquier politíca pública, incluyendo por cierto, la supervisión y control de la máxima autoridad gubernamental de la época.
Jaime Gajardo, el recién electo Presidente del Colegio de Profesores, ha anunciado que pedirá suspender la evaluación docente. Más aún, ha planteado que realizarán como gremio las acciones necesarias para lograr modificar la Ley en virtud de la cual es realizado tal proceso (promulgada hace tres años aprox.)
Desde el punto del análisis de políticas públicas, sus declaraciones son al menos complejas. Por un lado, porque vienen a plantear la posibilidad de que el Estado llegue a ser capturado por la acción de un grupo de interés, en este caso, en materia educativa. Segundo, porque un instrumento crucial para el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile, como es la evaluación docente, es puesto en tela de juicio, con lo que se le hace un daño tremendo a este instrumento al deslegitimarlo y al declararlo objeto posible de modificaciones permanentes.
Es de esperar que el gobierno, y específicamente la Ministra de Educación, desplieguen la habilidad política necesaria para evitar tal captura y proteger el sistema de evaluación, de modificaciones que terminen por desvirtuarlo. Los precedentes de manejo de conflicto en el sector, lamentablemnte no son muy positivos en tal sentido. No obstante como siempre es tiempo de enmendar, ésta puede ser una muy buena oportunidad para hacerlo.
