El “Contrato de Honor de las Familias por la Educación” a Contraluz (Por PoliticaPublica.cl)
El gobierno de Chile, a través del Ministerio respectivo, decidió impulsar de manera unilateral un instrumento que denominó el “Contrato de Honor de las Familias por la Educación”. Aquel, que parece inocuo y bien intencionado, expresa de manera tácita el restringido concepto de “Educación” que en tanto política pública, detenta el sector político que hoy gobierna el país.
Lo primero que merece reparos es que a lo largo de este documento existe una ausencia total de la responsabilidad que le cabe al Estado como promotor y garante de derechos en este ámbito. Por el contrario, el énfasis del proceso educativo está exclusivamente centrado por una parte, en el alumno y sus padres, madres y apoderados, y por otra en el establecimiento educacional respectivo.
Aquella concepción “restrictiva” se ve reforzada con la idea que manifiesta el Contrato, según la cual la familia y el colegio son “socios” para lograr los resultados esperados en materia educativa. No constituyen una “comunidad”. Los afectos, identidades y demás procesos ligados a la interacción colectiva quedan fuera. El lenguaje empresarial (esta idea de sociedad) enmarca todo el paisaje, cercenando a los procesos educativos de sus raíces históricas ligadas -además de a los aspectos individuales de aprendizaje, a otros en los que el barrio, padres, madres, profesores y directivos estaban enlazados por un sentido de identidad y pertenencia.
En esta misma línea se expresa un planteamiento taxativo y falaz respecto a las causas del rendimiento escolar. El mencionado contrato afirma que “un mayor involucramiento y apoyo en esta materia [por parte de las familias] implicará una mejor calidad de su educación”. Así de un plumazo y con una simplificación mecanicista, intentan hacer creer que éste involucramiento es condición suficiente para lograr aquellas mejoras. Y qué pasa con los diferenciales de financiamiento entre los distintos tipos de educación, que a la larga se traducen en brechas abismantes de rendimiento; y qué sucede con la calidad de gestión dentro de los establecimientos; y qué ocurre con los problemas de índole estructural que tiene el sistema educativo chileno. Pues para lo que respecta a este contrato, aquellos no son reconocidos por el gobierno y por tanto, insistimos, éste se permite autoexcluir al Estado de su responsabilidad en esta materia. Nuevamente el tema de la desigualdad es soslayado enfatizando en su reemplazo la importancia del esfuerzo individual y familiar.
Finalmente, y concediendo que por la lógica planteada en términos de contrato, han de concurrir con sus firmas en el documento, el Apoderado/a, el Alumno/as y el Director/a del Establecimiento, ¿por qué aparecen ya estampadas las del Presidente de la República y la del Ministro de Educación?. Es que al menos desde un punto de vista de simple lógica de sus premisas esta última situación no se logra comprender: ni el gobierno ni el Estado están asumiendo responsabilidad explícita alguna en este documento-compromiso, ¿qué pitos tocan las firmas de Piñera y Lavín allí?.
La única explicación que le podemos dar a este hecho tiene una doble vertiente argumental, conectada cada una de ellas entre sí. Por una parte, se trata de un evidente acto político-comunicacional. Mirado de manera simple, esto podría ser interpretado como “preocupación” por parte del gobierno en materia educativa. Y qué duda cabe que aquello podría da réditos tanto en popularidad como en futuras elecciones.
La segunda vertiente, tal vez un poco más oculta, implica que se trata de una acción que además de paternalista, huele a presidencialismo casi monárquico. Aunque por una definición dada por el gobierno mismo en que asume este asunto como un acuerdo y una responsabilidad entre privados, el Primer Mandatario opta por dar muestras de una especie de “omnipresencia” y “omnisciencia” al hacer las veces de “Ministro de Fe” de este acto compromiso junto a su asesor principal. Así como antaño, el séptimo hijo de una familia era “apadrinado” por el Presidente de la República, cuestión que era motivo de orgullo popular, pareciera ser que el primer mandatario y el ministro asumiera de manera casi ingenua que sus rúbricas actuarán como peso moral para con la ciudadanía. ¿Recordarán ambos en que año estamos viviendo? ¿Les habrán contado las características actuales de la sociedad chilena? La verdad es que a ratos, con esta y otras decisiones, parecen olvidar que ya no estamos a mediados del siglo XX, última vez que la derecha gobernó el país por la vía democrática.