El Caballo de Troya de Expansiva (*)(Por Felipe Ossandon Saball)
(*) Publicada también en “El Quinto Poder“
Hace muchos muchos años, en un país muy muy lejano, gobernaba la Concertación de Partidos por la Democracia, compuesta por 17 formaciones políticas, entre las cuales las más importantes eran la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical. Cubrían un arcoíris de centro izquierda donde, a riesgo de ser caricaturescos, la DC ocupaba el espacio más conservador y el PS el espacio más a la izquierda.
En dicho arcoíris, el debate político transcurría sobre la institucionalidad que la naciente democracia debí asumir en lo político, en lo relativo a la mantención o transformación del sistema económico y en los aspectos relativos a la participación social. Con más o menos fuerza, los debates se daban en un sistema en que gobierno y partidos tendían a confluir y donde, muchas veces, las dinámicas propias del devenir de las formaciones políticas comenzaba a ser percibido por quienes estaban en el gobierno como insuficiente en su capacidad de propuesta técnica y en otras ocasiones, como carente de la perspectiva necesaria para dar el gran salto que el país requería para ser desarrollado al cumplir doscientos años.
Al pasar los años, las dinámicas de funcionamiento de gobierno y partidos de la coalición fueron naturalmente divergiendo, generando un proceso de autonomización evidente del gobierno respecto de sus partidos. En este contexto comienza a surgir una suerte de burocracia político técnica que fue desarrollando un proceso propio de fortalecimiento, de generación de ideas y de implementación de éstas y que comenzaba a generar un relato propio, apoyado en altos niveles de formación profesional y una creciente vinculación a las corrientes liberales norteamericanas como contrapartida a las ideas europeas de socialdemocracia que habían hegemonizado el proceso de recuperación democrática.
Dicha burocracia se concentró, asimismo, en espacios gubernamentales un poco más distantes del oleaje del mar de la política y estableció sus torres cada vez más fortificadas en un Ministerio de Hacienda que tendía a desarrollar su propio proceso de autonomización, dentro de un gobierno que ya vivía un proceso similar.
Esta tecnocracia autónoma, con relato propio -cuyo epítome fue Expansiva y cuyos bardos más destacados hicieron gala de su prosa en La Tercera durante la década pasada, pero que estaba presente transversalmente en todos los espacios del sistema de la Concertación- generó transformaciones fundamentales en la forma que tenemos de ejercer y entender la política en Chile.
En gran medida podemos entenderla como un regalo, porque, sin espacio para la ironía, introdujo dinámicas de eficiencia, eficacia y modernización de la actividad pública sin las cuales hubiese sido imposible lograr el éxito que implicaron las profundas transformaciones sociales que se gestaron durante los cuatro gobiernos del Arcoiris. Hoy, cuando la derecha gobierna con rasgos evidentes de torpeza y de incapacidad, la comparación cae favorablemente hacia esta tecnocracia concertacionista doblemente autonomizada.
Sin embargo, este regalo traía en su interior, al igual que el caballo recibido por los troyanos, un conjunto de soldados ocultos. En nuestro caso, eran tres. Y el efecto que produjeron, a mi juicio, tiene directa relación con el desconcierto que se imbricó como causa y consecuencia de nuestra derrota. Conocer estos tres elementos y abrir el debate sobre ellos es fundamental para poder entender de qué forma debemos reconstruirnos de cara a las nuevas tareas que enfrenta la política en Chile.
El primer elemento es la asociación indisoluble entre discrecionalidad y corrupción. Efectivamente, la corrupción fue un problema que la Concertación política nunca quiso asumir y que, en sus distintas variantes, desde la más burda -del robo- hasta la más compleja -de la impunidad política- estuvieron a la base de nuestra corrosión. Frente a esto, las grandes reformas propuestas desde esta nueva elite tuvieron que ver con la transparencia y con la reducción de los grados de discrecionalidad de las autoridades.
Frente al axioma que asume que la política es caldo de corrupción, la respuesta fue restar espacios de acción a la política, mediante la autonomización de una serie de instituciones públicas y el establecimiento de procedimientos de control y de examen de la acción de los directivos públicos que rodearon su gestión hasta el hartazgo. Efectivamente se avanzó en la eliminación de espacios para la corrupción, pero se consolidó la tesis de un Estado neutro, automático, en el cual la decisiones que responden a visiones del mundo debían sustentarse en un sistema de valores pretendidamente objetivo, especialmente apoyado en el economicismo como piedra angular.
El segundo elemento es el privilegio de lo individual por sobre lo colectivo. SI releemos la vulgata madre del género, “Que gane el más mejor” de Navia y Engel, escrita en 2006 , lo que se propone es básicamente la idea de que el rol del Estado es “emparejar la cancha” para la sana competencia entre individuos. Si observamos toda la discursividad desarrollada en torno a los procesos de concursabilidad y reclutamiento de directivos públicos, se tiende es a entender el mérito como algo asociado a las características individuales y se extiende un manto de sospecha entre aquellas que tienen que ver con la participación en organismos colectivos. Pertenecer a un partido político, sindicato, iglesia o lo que sea pasa a ser fuente de sospecha y, contrario sensu, los estudios, los postgrados y la carrera individual pasan a ser garantía de confianza.
El rol del Estado, en estrecha consonancia con el primer elemento, tiene que ver con reconocer y potenciar a los “más aptos” y a “los mejores” entendiendo los grupos y comunidades que se definen desde lo colectivo como “grupos de presión”, ante los cuales más bien hay que adoptar una actitud defensiva. No importa si hablamos de la SOFOFA o de la CUT, no importa si hablamos de la Federación de Rayuela o de Colo Colo, el nuevo Estado (neutro y “objetivo”) no sólo no tomará partido en los conflictos sociales, sino que asumirá el rol de árbitro frente a sus disputas, recelando de los intereses de dichos actores.
El súmmum de esta concepción se puede observar en el tratamiento del Estado frente a la educación superior, donde sus propias universidades son puestas cada vez más en igualdad de condiciones con las privadas. La invisibilización de los objetivos ideológicos y políticos de los colectivos y su homogenización contribuyó también a la pérdida del apoyo del gobierno a los grupos que había declarado defender en sus programas. El rol que las sucesivas crisis de confianza de las instituciones (partidos, iglesia, etc.) han jugado al reforzar esta perspectiva, merece un estudio en profundidad.
El tercer elemento, que cierra el círculo, tiene que ver con el establecimiento del rasero economicista como única medida posible en la evaluación de las políticas públicas. Nunca antes el Ministerio de Hacienda había sido el coordinador de las políticas sectoriales ni se le había conferido un poder de veto tan grande como durante los gobiernos de la Concertación, en especial los dos últimos. El desplazamiento del poder desde La Moneda a Teatinos 120 fue evidente en el día a día de la administración Bachelet, entregándole a la tecnocracia autonomizada el control de un gobierno cuya base de sustentación social y política se fue quedando sin oídos que la escucharan y sin sustento de legitimidad frente a la nueva discursividad. Un palacio concentrado en la popularidad personal de la Mandataria terminó de cortar amarras con una coalición que a su vez las había cortado con su base social.
Estos procesos, con sus beneficios y con sus complejidades, generaron un cuadro político de extrema complejidad para quienes debemos abordarlo hoy. Y no responde a una gran teoría conspirativa ni a la acción de un conjunto de personas específico, sino que se monta en crisis profundas de los partidos políticos y de la representación colectiva que trascienden con largueza a Chile.
Con una sociabilidad política en precarias condiciones, una sociedad civil debilitada y desafectada, la primera tarea de la Concertación es reflexionar y procesar estos elementos y tener la creatividad y audacia de generar nuevas soluciones a los problemas que efectivamente dicha tecnocracia contribuyó a salvar, haciéndose cargo de los “daños colaterales”.
El Estado no puede ser discriminador, pero no debe ser neutro; la representación colectiva no sólo es válida, sino que necesaria, y la política y el sentido de comunidad también deben ser efectos considerados en la acción pública.
La recuperación de lo colectivo es fundamental en el desarrollo democrático y especialmente en la teoría y práctica de la centro izquierda chilena. Finalmente, el poder de quienes aspiramos a fortalecer el de los más débiles nunca estuvo en la competencia individual, por mucho que emparejásemos, limpiásemos y regásemos la cancha. El poder de los más débiles siempre ha estado en la acción colectiva y las corrientes humanistas, socialistas, cristianas y laicas deben reponer esta idea con fuerza y sin avergonzarse. La única ventaja de que estemos todos fuera del poder es que hemos vuelto a ser un poco más iguales.
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