Cómo lo Podemos Arreglar: Gestión Pública y Corrupción en Chile (Por Héctor Arenas)
Cómo lo podemos arreglar…
Si la corrupción no nos conviene,
cómo lo podemos resolver
si la traemos al nacer
en el mismísimo A.D.N.
(Ignacio Copani)
Durante casi todo el año 2008 fue un lugar común en los medios de prensa del país las noticias de corrupción en el Estado. Chile está siendo atacado por el virus de la corrupción y, aparentemente, la autoridad llamada a decidir la forma como enfrentar el mal no ha sido capaz de hacer un buen diagnóstico, que defina los principales síntomas, su origen y el o los remedios a emplear para mejorarnos del mal si no, definitivamente, para mantenerlo a raya.
Creo que el problema no puede minimizarse considerándolo exclusivamente como parte del ámbito público, entendiendo en ello la gestión del Ejecutivo. También abarca la labor y gestión de los otros poderes del Estado y, en lo menos destacado o reconocido, los amplios ámbitos de la sociedad civil y el mercado.
Son parte del Estado el Congreso, las Empresas Públicas, todos los Tribunales de Justicia, las Municipalidades, los Ministerios y los organismos o servicios dependientes y las Fuerzas Armadas y Carabineros. En lo que respecta a la sociedad civil entendemos que en ella caben los partidos políticos y todas las agrupaciones de representación de intereses con algún grado de organización, desde las juntas de vecinos hasta las agrupaciones de caridad y las Organizaciones no Gubernamentales, cualquiera sea su ámbito de acción. Respecto al mercado son los empresarios nacionales y transnacionales y la empresa privada sus principales representantes.
Así en esta mirada global podemos definir la corrupción como una práctica que se da en las organizaciones (públicas, privadas y/o sectores alternativos) y que consiste en hacer o dejar de hacer las funciones encomendadas o lo que está establecido a cambio de la obtención de beneficios o regalías para sí y/o para terceros.
A modo de ejemplo podemos citar algunos hechos que han marcado tales ámbitos con el sello de la corrupción y los muestran absolutamente susceptibles de seguir siendo atacados. Durante 2007 se conoció públicamente que la Corporación De Ayuda al Niño Agredido era una farsa, su objetivo verdadero era enriquecer a su director por medio de la recaudación de dinero entre donantes voluntarios.
En varios informes el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) ha detectado engaños a los consumidores respecto a que el producto ofrecido por “el comercio” de distintos bienes y servicios, desde televisores y juguetes hasta ropa y alimentos, tiene fallas, no cumplen con los atributos ofrecidos o, lo que es peor, en el caso de alimentos están vencidos o contienen componentes que afectan la salud humana o sobrepasan la cantidad permitida. No son pocos los empresarios y ejecutivos que compran vehículos de alto valor para uso personal a través de la empresa y está mal usa el crédito del IVA.
También hemos conocido casos de directores de sociedades anónimas que usan información privilegiada para fines particulares. Aquí sugiero leer la resolución de la Superintendencia de Valores y seguros respecto al uso de información privilegiada mientras se hacían las negociaciones para la fusión de Falabella y D&S. (1)
No está demás mencionar los pagos del SERVIU VIII Región por viviendas sociales que nunca se construyeron, la licitación a dedo de Plantas de Revisión Técnica en Rancagua. El pago de subvenciones a colegios que no existían o los últimos hechos conocidos de contratos de municipalidades con empresas en las que el mismo Alcalde es socio.
Así las cosas la problemática no está en reconocer mayores o menores niveles de corrupción en Chile. A modo de dato ilustrativo podemos señalar que el Informe 2007 de Transparencia Internacional (organismo que realiza una encuesta y el informe mundial de corrupción) muestra a Chile cayendo 2 lugares en el ranking de países respecto al año 2006. Situación que debe alertar a todos los sectores del país. (2)
Lo que importa es como enfrentamos esta problemática hoy y que medidas tenemos que implementar para mantener la corrupción a raya.
A nivel de individuos me parece que debemos, por medio de nuestro sistema educacional, afianzar los valores y prácticas de respeto a los otros y de apego a las normas de sanas y buenas relaciones interpersonales y de uso adecuado y justo de los derechos y beneficios personales y sociales. Debemos generar mayor conciencia ciudadana, ejercer los derechos correspondientes y exigir nuevas respuestas.
A nivel organizacional debemos propender a desarrollar entidades arraigadas en el respeto a las normas laborales, tributarias, medioambientales, etc., que se dispongan en el país e incorporando en las mismas la dimensión empresarial de los derechos humanos.
A nivel social y político debemos lograr avanzar en la regulación de normas como la ley de probidad, la regulación del lobby y del financiamiento de los partidos políticos, la ley de transparencia en el sector público, el fideicomiso en cargos de elección y la aplicación expedita y adecuada de las sanciones cuando se transgreda alguna de las normas que nos protegen de la corrupción y, sobre todo, la claridad en el ámbito político y de las autoridades elegidas o nominadas de sus obligaciones funcionarias y de las incompatibilidades que están previstas en la normativa vigente al momento de ejercer tales cargos.
Finalmente es posible reconocer dos vías que sirven en el ámbito de la gestión pública para cumplir nuestro propósito:
1) Regulación clara, oportuna y con sanciones definidas y pertinentes cuando la voluntad política de la gestión pública se imponga a las normas de gestión profesional.
2) Investigación y sanción a los responsables de las unidades intermedias de control en aquellos servicios que incurren actos de corrupción y tales unidades no tomaron las medidas de alerta o protección que les corresponde aplicar funcionalmente.
Para que estas propuestas operen tenemos que aplicar, en el primer caso, la norma de administración prevista en el artículo 62 del Estatuto Administrativo que establece que “si el funcionario estimaré ilegal una orden deberá representarla por escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiere insistido en la orden”.
La segunda propuesta se basa más bien en normas de buena y sana gestión. Es casi imposible o muy difícil de entender que habiéndose establecido unidades funcionales de auditoria interna, control de gestión, control presupuestario o cualquier otra denominación que se les haya dado en toda la administración pública, no exista evidencia de que tales unidades informaron oportuna e insistentemente a la autoridad respectiva de las irregularidades que hemos conocido en el último tiempo. Ejemplo de ello son las subvenciones del Ministerio de Educación y los fondos del Programa Pro-Empleo. En los Ministerios respectivos y sus organismos dependientes existen unidades funcionales de auditoria y control interno, ambos ministerios tienen un seguimiento y monitoreo sistemático desde la Dirección de Presupuesto.
Entonces es paradójico que al interior de los servicios no operen las alertas dispuestas para resguardar el buen uso de los fondos y el mejor resultado en la gestión y sea la Contraloría General de la República quien detecte las anomalías.
Notas
(1) http://www.svs.cl/sanciones
(2) Ver información detallada en http://www.chiletransparente.cl
Créditos Fotografía: “Desde Dentro”. Bajo Licencia Creative Commons. Disponible en Fotolibre.net
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