Por una Institucionalidad en Infancia (por Sebastián Fernández)
El hecho de ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño implica que los artículos en ella contenidos pasan a formar parte de la Constitución que rige en nuestro país. Esto nos interpela a asumir un Enfoque de Derechos en relación a la infancia y la adolescencia.
Este Enfoque reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como agentes protagónicos de su propio desarrollo. Además, asigna a los gobiernos el papel principal como garantes en el cumplimiento de sus derechos y promueve que la ciudadanía exija rendición de cuentas.
Como actores de la Sociedad Civil nos hemos comprometido con aportar a la promoción de una cultura centrada en el respeto de los derechos humanos. Desde esta visión para el trabajo con niños, niñas y adolescentes hemos asumido como principios de acción el Enfoque de Derechos basado en la Convención.
Desde esta perspectiva, deben estar en permanente evaluación y monitoreo el desarrollo de políticas y acciones a favor de la infancia y la adolescencia, a la luz del cumplimiento de los compromisos que garanticen efectivamente la puesta en práctica de principios y estándares de derechos. En esto, el Gobierno es responsable del diseño e implementación de una Política Nacional de Infancia.
Una de las materias donde los avances en Chile han sido absolutamente deficientes apunta a la consolidación de una institucionalidad de infancia.
Desde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha establecido como una de las medidas generales de aplicación de la Convención, la existencia de la institucionalidad adecuada que garantice una coordinación eficaz y coherente a nivel nacional de las políticas a favor de la niñez y la adolescencia.
En nuestro caso no existe a nivel gubernamental dicha disposición institucional. Por una parte, nos encontramos con MIDEPLAN como responsable de articular acciones y la coordinación de las principales instancias relacionadas a políticas de infancia. Entre los avances alcanzados se pueden señalar la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-2010, el Consejo de Ministros para la Infancia y la Adolescencia (2002), el Consejo Asesor Presidencial (2006), el Programa Chile Crece Contigo (2006), el Observatorio de Infancia y Adolescencia (2007). Sin embargo, ninguna de estas instancias se ha constituido en una coordinación efectiva de la política de infancia; por el contrario, se observan importantes deficiencias en su implementación y en el seguimiento de acciones y compromisos.
Por otra parte, esta el SENAME, instancia que dentro de sus funciones explicita la promoción de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados, así como de responsabilización de los infractores de ley. En este sentido, en el servicio reside el desarrollo de políticas de protección integral, mezcladas y en ocasiones confundidas con la línea de responsabilidad penal. Claramente se refleja lo contradictorio de que esta instancia gubernamental de intervención directa (promoción, prevención y reparación) hacia personas menores de 18 años, se ubique al interior del Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar acciones desde la ley.
Además, tenemos áreas de cobertura nacional de atención a niños, niñas y adolescentes, desarrolladas desde otros ministerios, como son educación y salud. Ambas dimensiones resultan fundamentales en el desarrollo de políticas universales dirigidas a este segmento de nuestra sociedad.
Por último, destacar un ámbito muy poco desarrollado en Chile como es la inversión pública en infancia. Esto se relaciona con la asignación adecuada de los recursos financieros requeridos para el desarrollo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Actualmente esta discusión es de vital importancia considerando los efectos de la crisis internacional.
A todo esto se suma la inexistencia a nivel nacional de una instancia independiente responsable de velar por los derechos humanos de las personas, con especial atención en los derechos de niños, niñas y adolescentes (ombudsman, defensor del pueblo, defensor de la niñez).
Como se puede apreciar estamos frente a un escenario de alta complejidad. No existe una claridad en torno a dónde se ubica la política de infancia, quién es el responsable de su implementación, quién coordina sus acciones. Esto se complementa con un discurso oficial que hace referencia a avances y logros, sin hacer una reflexión profunda de la situación real.
Nos encontramos con una mirada y acción estatal fuertemente sectorializada, con importantes niveles de descoordinación y poca claridad en torno a responsabilidades y articulaciones. En la práctica las acciones dirigidas hacia la infancia están altamente fragmentadas en diversos Ministerios y Servicios. Además, no se aprecia con claridad la intención de que los actores de la Sociedad Civil participen en estos procesos. Estas dificultades de nuestro sistema han sido algunas de las observaciones y recomendaciones que de forma reiterada ha realizado el Comité a nuestras autoridades.
El no contar con la institucionalidad adecuada contribuye a que buena parte de las condiciones básicas en materia de infancia estén muy por debajo de los estándares comprometidos. Esto afecta directamente cualquier posibilidad de avanzar de forma significativa en la consolidación de un Sistema de Protección Integral para la Infancia, lo cual ha sido uno de los énfasis de la acción presidencial en los últimos años. Entre las principales consecuencias se observa la baja implementación y capacidad de monitoreo de la Política y Plan Nacional, o la vigencia de una Ley de Menores (1967) en desmedro de una Ley de Protección Integral.
En el contexto internacional existen importantes avances en relación a la institucionalidad de la infancia, lo que se traduce en Consejos, Ministerios o Subsecretarías. En este sentido, en nuestro país se requiere de un interés y compromiso político desde todas las instancias, teniendo como objetivo último una mirada hacia la protección integral, desde un enfoque de derechos. Lamentablemente estos son temas muy lejanos de la discusión pública.