Informe del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad: ¿Se puede pensar en un antes y un después de la Política Social? (Por Vladimir Ovando)
Hace algo más de una semana, que el Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, entregó su reporte a la Presidenta de la República; muy cerca de los días en que se cumplía algo más de ocho meses, desde que se creó la comisión, justamente a partir de la huelga de los subcontratistas de CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) y el llamado que hiciera monseñor Goic, por un sueldo ético.
El contexto que ha marcado la entrega del documento, ha estado caracterizado por una nueva movilización de los subcontratistas, el primero de Mayo y, una cada vez más creciente situación nacional y mundial de inflación económica. La misión del consejo, fue entregar propuestas para mejorar las condiciones laborales y alcanzar mejores niveles de equidad en Chile, dentro del marco de una economía más competitiva.
Más allá de los acuerdos o disensos que existieron al interior del consejo, o de la discusión respecto de quienes integraron este grupo de trabajo; lo relevante sea que los resultados deberá tener prontamente una suerte de correlato concreto en propuestas y acciones que deberá asumir el gobierno en el ámbito social y laboral, y quizás sea el discurso de la presidenta el próximo 21 de Mayo, la oportunidad donde se haga público qué es lo que se considerará del documento. La pregunta es, pudiéramos llegar a pensar en un antes y un después de la política social?
Avancemos. Los resultados y propuestas del informe, se pueden leer al menos en dos ámbitos. En el ámbito del reconocimiento declarativo, y por el otro que se relaciona con el primero, el que dejó insatisfecho principalmente a los trabajadores y las organizaciones sociales.
El primero, asume algo que se viene planteando desde hace varios años y con cada vez mayor fuerza, la desigualdad es una realidad país que el mercado, por sí mismo no superará. En ese sentido, el ámbito público, se convierte nuevamente en la esfera que debe retomar una labor activa en la superación de la desigualdad. Prueba de ello, son varias de las propuestas que buscan redefinir funciones y acciones del Estado chileno, en pro de alcanzar mayor equidad. Por otro lado, el documento avanza en despejar públicamente ciertas discusiones conceptuales, que por muchos años fueron puestas como antagónicas. Ejemplo es la falsa dicotomía entre igualdad y libertad o crecimiento versus distribución.
Tales planteamientos, al menos abren la posibilidad de entrar nuevamente en una discusión pública, que muchos sectores venían dando hace muchos años, pero que otros se habían negado a dar. Se trata en el fondo de reconocer, que al menos en lo declarativo, la acción o intervención del Estado más que limitar la libertad económica, genera la posibilidad de superar la desigualdad, alcanzar mayor libertad y mejorar la distribución. Sobre este punto volveremos más adelante.
Pero qué sucedió con el otro ámbito. El documento no ha dejado satisfechos, especialmente a los trabajadores y sus organizaciones, ya que no hay avances sustantivos en puntos sensibles para ese sector, debido a que la comisión no alcanzó un consenso en materias como negociación colectiva, incentivos a la sindicalización, mayores atribuciones a la Dirección del Trabajo, ni la eliminación de la contratación de rompehuelgas.
Este punto se vuelve especialmente relevante, cuando entendemos que los avances o la profundización de la democracia; y por lo tanto de la libertad, de la que se habló más arriba; requiere también mayores grados de justicia social. Aquí no sólo hacemos referencia al rol que pueda cumplir el Estado, en tanto corrector de las desigualdades que genera el mercado (en el sentido que apuntan varias de las propuestas operativas de la comisión), sino como un garante de la libertad de la personas, entendida ésta también, como la posibilidad de gozar de los bienes que produce el país, de gozar de una buena educación, salud y vivienda digna. Cuestión, que como ya mencionaremos, la misma comisión reconoce, al decir, que el país vive una desigualdad que no es éticamente tolerable, y que no será el mercado, quien corrija eso.
En ese sentido, y más allá del malestar de los trabajadores (y a pesar de su baja tasa de sindicalización que hoy existe), ellos también deben hacer oír sus opiniones ante el gobierno, así como lo hace regularmente el empresariado. Y cuando decimos esto, no estamos hablando de una simple concesión del Estado para con ese sector, señalamos que se trata de un derecho para organizar y negociar sus aspiraciones, como un actor más del mundo público y político. En este punto es Goic, quien nuevamente sitúa la discusión sobre la igualdad, en una entrevista al Diario La Nación del 4 de Mayo, cuando dice: “Sin negociación colectiva es difícil llegar a mayor equidad”
Sin perder de vista lo anterior, por el momento podemos decir, que el documento final, realiza análisis y propuestas en al menos cuatro ámbitos: familias de bajos ingresos; empleabilidad y desempleo; jóvenes y escolares; y, empresas de menor tamaño. Referiremos al primero de ellos.
A diferencia de los que sucede con el ámbito laboral en general, donde los proponentes mantienen condiciones similares a las existentes, sin mayores prerrogativas fiscalizadoras o reguladoras del Estado para las relaciones laborales; en el ámbito de las familias de bajos ingresos(1), podemos señalar que existen claras indicaciones para un papel o presencia activa del aparato del Estado. Ahora el tema es el cómo, como derechos o como objetivos de política pública, discusión que señala Carlos Peña, en un artículo reciente en El Mercurio.
Sigamos, propuestas como la de empleabilidad e ingreso, capacitación o mediación laboral a los pobres y vulnerables, repiten formulas subsidiarias focalizadas que buscan el incentivo al trabajo de los sectores más necesitados, entregando un porcentaje del subsidio al trabajador/a y otro al empleador. El tema aquí, no debe ser sólo el acceso al trabajo, que también ha sido materia de discusión, sino también las condiciones en las que se accede, sobre todo para los sectores que menos garantías legales y condiciones sociales tienen para asegurar trabajos de calidad. Lo poco novedoso del tema, refiere en lo probado de la formula, ya que no necesariamente mejora la empleabilidad, ni los ingresos, en términos que garantice una salida o u salto sobre loa línea de la pobreza, por la misma volatilidad del mercado laboral, sobre todo para ese sector de la población, ejemplo hay varios.
Es aquí, donde se debe situar con un sello distinto la labor del Estado en la política social, en tanto principal articulador de la esfera pública, generando políticas que apunten a la distribución como requisito del crecimiento, garantizando mayor igualdad como medio para una mayor libertad, brindando igualdad de oportunidades, pero desde puntos de partidas similares, y asumiendo que parte de su labor debe ser procurar igualdad en los resultados.
Como reflexión final, me atrevo a evocar la definición de democracia propuesta por Aristóteles. Para él, la democracia debe contener importantes grados de participación y su fin siempre debe apuntar a la consecución de grados mayores de bienestar común. La fórmula, que estaba a la base de su postulado, se relacionaba con una relativa igualdad y una prosperidad para todos. Señalaba que sí por el contrario, en un modelo democrático determinado, existen grupos sociales que concentran exageradamente la riqueza, éstos utilizaran sus recursos en desmedro de quienes no poseen mayor participación en ella. Entonces, las salidas podrían ser dos: o se reduce la pobreza o se reduce la democracia.
En ese sentido, y pensando en nuestro país, los avances en mayores grados de bienestar, deben traducirse también en mayores grados de participación social, política y económica, o si se prefiere mayor libertad, tal y como la definiéramos más arriba. Así las cosas, y en una sociedad que busca avanzar sobre mayores grados de equidad, respecto de los que reconoce haber avanzado, debe perfeccionar, garantizar y mejorar la calidad de la igualdad de oportunidades, pero a su vez, debe incorporar en su horizonte la igualdad de resultados.
La igualdad de resultados, debe ser también una prerrogativa ética de una sociedad y de un Estado que se define como en vía de ser más justa y libre. La igualdad de resultados (no hablamos de condiciones idénticas para todos, pero sí de condiciones relativamente similares), debe ir a la par o como consecuencia inmediata de la igualdad de oportunidades.
Se trata en el fondo, de generar las condiciones para que todos, puedan partir de un piso mínimo, pero también se habla de que quienes parten de ese piso debe estar con las mismas relativas condiciones, para alcanzar, esta vez sí, umbrales similares de calidad de vida.
Notas
(1) Este ámbito se subdivide en tres; Empleabilidad e Ingresos de los Pobres y Vulnerables; Pobreza dura y daño social; Metas, umbrales e institucionalidad social.
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