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A comienzos de abril recién pasado, el Ministro del Interior presentó una propuesta para modernizar al Estado. El año 1994 el gobierno de Frei Ruiz Tagle, con el mismo objetivo, creó el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, que a inicios del Gobierno de Lagos se transformaría en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME). Ahora surge en el gobierno de Bachelet, de la voz de Pérez Yoma, una propuesta de modernización, para, según sus propias palabras, busca corregir “las desigualdades que la sociedad genera”. Lo anterior, me hace pensar qué debería ser distinto ahora, para que empecemos a superar lo que no hemos mejorado en estos catorce años.

Creo firmemente, que en aquel período ha habido un tema muy relevante que no ha sido considerado como tal, que es su personal. No se han preocupado de uno de los postulados de la administración burocrática, que es el servicio civil, el cual debiera traducirse en el desempeño de la función pública de forma eficiente y eficaz, en el entendido que incorpora criterios de igualdad y de mérito.

Sin garantizar el mérito de sus funcionarios, se entrabará cualquier proceso de transformación y de mejora que pretenda cualquier organización, sea ésta pública o privada, con el objeto de, a su vez, propender hacia la eficiencia y eficacia en su gestión. Son ellos los necesarios para enfrentar cualquier proceso de cambio. Y en las últimas décadas, no se ha visto una real voluntad para contar con un servicio civil de carácter profesional. Existe casi la mitad de todo el personal de la administración central, en calidad de “a contrata” (1) que por un lado, no existe obligatoriedad de contratar según criterios de idoneidad y que por otro, pasan los años manteniéndose en tal condición, sin poder hacer carrera y, en muchos casos, con la incertidumbre de si luego del 31 de diciembre de cada año, será renovado su contrato (2).

Para reforzar aun más la escasa atención en el personal, no deja de sorprender que la propuesta planteada por el Gobierno se haya dado a conocer ante los empresarios, sin previamente habérselo planteado a los mismos funcionarios. Ya el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, señalaba que la “modernización del Estado se hace con los trabajadores, y no si en ellos, ni a espalda de ellos”, como respuesta al Ministro ante sus declaraciones ante ICARE.

Retomando el tema de la modernización, como resultado de los cambios introducidos por los gobiernos anteriores, Chile ya se ve inmerso, en una nueva gestión publica. Ésta se ve reflejada en el uso de herramientas propias del sector privado; en la evaluación según resultados, sin haber considerado previamente enraizar en sus funcionarios los valores públicos (Lealtad institucional; Integridad, objetividad e independencia; Competencia técnica profesional; Confidencialidad; Respeto a las personas). Como consecuencia de aquello, muchas veces al verse enfrentados los funcionarios con los valores neo empresariales, surgen efectos perversos, como los recordados por Claudia Hernández en su ultimo articulo. En éste, ella reseñaba el reciente caso en el que a los funcionarios encargados de tomar las decisiones, sólo les importó cumplir con la meta de abrir un hospital, sin considerar como fin último brindar la atención de salud para la población de Curepto y en especial, la satisfacción para el ciudadano receptor de dichas prestaciones en esa comuna.

También es importante señalar que se argumenta que la existencia de una administración de tipo profesional, es una variable asociada a bajos niveles de corrupción. Y bueno, habría que hacer una lectura rápida a los periódicos en los últimos meses, en que se da cuenta de varios hechos poco sanos para la salud de nuestra administración. En este sentido la institucionalidad dada al servicio civil permite a los funcionarios actuar con neutralidad en la acción pública, declinando con ello los niveles de corrupción o la toma de decisiones con miras a intereses particulares. Es por ello que el Gobierno debe priorizar su atención en materia de profesionalizar al personal de su administración pública, ya que, un sistema de servicio civil que garantice aquello, constituye un elemento fundamental en la fortaleza institucional de una administración pública. Ramio y Salvador (2005) nos señalan que una organización puede “llegar a ser fiable, predecible, segura, eficaz y eficiente” dependiendo “en buena medida de la calidad profesional del personal que la integra”.

La Carta Iberoamericana de Función Pública y suscrita por Chile (2003), surge por conciencia de lo anterior y apunta a profesionalizar su personal, garantizando idoneidad, mérito tanto para el acceso como para la promoción, y, estabilidad (que no quiere decir apropiación). En cuanto a la élite burocrática, ya se ha avanzado mucho y muy bien. A ella hoy no se le podría cuestionar por lo menos en lo que respecta a idoneidad (3), sin embargo, el tema de garantizar el ingreso a un servicio civil al resto del funcionariado en base a criterios de igualdad y de mérito aun está en tierra de nadie (4). También queda pendiente resolver en el corto plazo el tema del personal transitorio, en cuanto a su número como también en cuanto al mecanismo de selección que aun cuando sea no permanente se debe asegurar que sea un personal con los méritos adecuados para desempeñar una función pública.

Notas
(1) El número de este personal no es menor, ya que al año 2005, paralelamente a los 91.252 funcionarios de planta de la administración central a los que supuestamente se le han aplicado criterios que aseguren el mérito a su ingreso, existen otros 71.738 a contrata (HACIENDA, 2006)
(2) Se han hecho gestiones por parte de la Asociación nacional de empleados fiscales (ANEF) para que este personal sea traspasado a planta. Además existe un compromiso (07 enero 2006) de la presidenta Bachelet con la ANEF, entre otras cosas, para dar: “estabilidad laboral para los funcionarios a contrata y honorarios”. La idea es regularizar al personal a contrata que lleva años en esa condición, que sin duda será un premio a la permanencia, sin embargo, esto tiene su lado nefasto, por cuanto no se darían las condiciones de igualdad de acceso al resto de los ciudadanos para acceder  a un cago público, como tampoco se garantiza que sea el personal más idóneo, ya que recordemos,  no existe la obligatoriedad de utilizar  ningún sistema de selección, en el nombramiento a contrata, pero también es cierto, que luego de años de servicio en tal calidad, debieran ser los mas idóneos en conocimiento de la cosa pública respecto a alguien que no ha trabajado en el ámbito público. Sin embargo, este compromiso aun no se concreta. Según la DNSC “no posee antecedentes de algún proceso de regularización del personal a contrata a través de normas específicas, en los últimos 5 años” para ese mismo periodo sólo le consta que “4 servicios públicos han desarrollado procesos concursables de encasillamiento, que permiten al personal a contrata postular a las vacantes de las plantas respectivas, cuando éstas han sido modificadas o se crean nuevas plantas” Respuesta a la autora de este artículo, por parte de la DNSC a consulta sistema folio número1489, del día 26 de febrero
(3) Sin embargo no estoy de acuerdo en su transitoriedad, ya que buenos funcionarios y de élite obligados a partir producen discontinuidad administrativa.
(4) No debe sorprender que en el estudio del BID(2006) Chile tenga un índice de merito(que evalúa el nivel de las garantías de profesionalidad en el funcionamiento del Servicio Civil, y el grado de protección efectiva frente a la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de rentas)  de 62 (en escala de 1 a 100).

Artículos anteriores de Waleska Muñoz.

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This entry was posted on Friday, May 9th, 2008 at 7:00 pm and is filed under Gestión Pública. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.