¿Y el Segundo Tiempo de las Políticas Sociales, en el Gobierno de Bachelet ? (Por Vladimir Ovando G.)
Mucho se ha dicho sobre la gestión política del gobierno de Bachelet. Las críticas sobre su liderazgo, el control sobre el desorden de los partidos de la concertación, los innumerables focos de críticas por problemas de planificación y ejecución de una serie de proyectos que pretendían ser emblemáticos, han sido, entre otros, tema recurrente en estos dos años de gobierno. Lo cierto es que, en muchos de los casos, por lo reiterativo, estos asuntos resultan ser ya una verdadera y soberana “lata”, para la mayor parte de la población del país.
Si bien se trata de problemas que nos afectan a todos, el tratamiento político y mediático de éstos, ha ido produciendo una suerte “ruido permanente” al cual empezamos a acostumbrarnos. Más que producir inquietud y movilización en la opinión pública y en los movimientos ciudadanos, parece ser que empezamos a movernos sobre un telón de fondo que ya es parte de nuestro paisaje-país.
Sin embargo, parece pertinente despejar algunas cosas. Lo que ha atravesado a casi todo el gobierno de Bachelet es una suerte de desorden político, particularmente al interior de su propio conglomerado. Han sido los propios partidos de la Concertación quienes han agitado gran parte de las aguas turbulentas con las que ha debido navegar la presidenta en este período.
Además de aquel desorden (explicable por muchas razones, que no profundizaremos en esta oportunidad), persisten al menos dos cuestiones más, que a nuestro juicio favorecen un escenario poco claro. El primero es que gran parte de la agenda política y también de la pública, no es impulsada por el propio gobierno, sino que es puesta en la mesa por la Alianza de partidos de la Derecha, dejando al gobierno prácticamente en una actitud, muchas veces, reactiva y con sabor a respuesta improvisada. Segundo, y relacionado con el anterior, es la falta de acciones políticas que pongan sobre la mesa aquellos temas en los cuales se ha hecho un intento por avanzar en el ámbito de las políticas públicas. Tal es el caso del pretendido tránsito desde un Estado con características contributivas legado por la dictadura, hacia uno que pretende alcanzar un carácter más universal de sus prestaciones.
Ahora bien, frente al mencionado desorden, el cambio de gabinete aparece como un intento de salir de esta situación. Con dicha medida se privilegió reestablecer el orden político, como eje articulador o piedra basal del “segundo tiempo” del gobierno.
Pero venga aquí un alcance, y una aclaración. El problema del desorden político, como hemos dicho, se sucede al interior de la Concertación y en la relación de ésta con su adversario político, la Alianza de derecha. El desorden político es restringido o restrictivo a la clase política y no es necesariamente extensible al resto de la población del país. Es más, el país ha mirado con absoluta paciencia, o quizás incluso indiferencia, la pequeñez de muchas de las disputas de bajo perfil entre estos grupos.
Sin embargo, cuál ha sido la declaración pública después del primer gabinete ampliado que sostuvo hace algunas semanas la Presidenta con los ministros y subsecretarios en el Palacio de Cerro Castillo en Valparaíso: no se tolerará el desorden al interior del gobierno en particular y del país en general. Parece ser, que como dice el dicho, terminarán “pagando justos por pecadores”, justo cuando en el país ya se han producido algunos movimientos (más de carácter reivindicativos) que han empezado a hacer presente la necesidad de algunas reformas que favorezcan sus actuales condiciones de vida.
Y aquí otro punto importante. Parece ser que en medio de todo este ruido, se postergó hasta nuevo aviso la posibilidad de incluir el sello ciudadano en el gobierno de la Presidenta y asistiremos, en lo social por ejemplo, a la instalación del Sistema de Protección Social para el país, sin la presencia de la participación social, pero bajo el imperativo del orden social.
Favor no confundir. Una cosa es la situación descrita más arriba en relación al escenario político y otra cosa es la gestión de políticas públicas con presencia de la voz ciudadana. En ese sentido, las políticas públicas en lo social ofrecen la posibilidad de abrir un “segundo tiempo” en la gestión del gobierno, que bien vale la pena revisar.
En este marco, la instalación del Sistema de Protección Social, debe operar como puerta de entrada a un ejercicio de gestión de gobierno que garantice prestaciones a la población, pero que también garantice la oportunidad de entrada de la participación social o ciudadana, postergada u olvidada, por desorden político de los partidos gobernantes.
Señalo lo anterior, también por la necesidad de impulsar nuevas acciones del Sistema de Protección, en este “segundo tiempo”, que signifiquen realizar acciones de intervención basadas en una complejización de la realidad social, incluso más allá de los parámetros que nos ofrecen nuestros sistemas de medición de la realidad social. Siempre puede ser menester ir un poco más allá, en lo social, para evitar la política reactiva sobre hechos consumados.
En ese sentido, la intervención social del Sistema de Protección Social, se presenta como una forma de gobierno que puede y debe abrirse a la participación social de los sujetos de la intervención. Y ello puede ser el sello distintivo para la política social, en este segundo período del gobierno.
Tal posibilidad brinda, además de sustentabilidad de los resultados de la intervención social, la posibilidad de abrir espacios dentro de la acción gobernativa en las políticas sociales a los propios sujetos beneficiarios de la acción. Esto constituiría un “cable a tierra” para la intervención del Estado, por una parte, y por otra, la posibilidad de resituar las centralidades de la acción política del gobierno y de la clase política.
El enorme beneficio que una postura así puede reportar al Estado, y por tanto al país, es la construcción de la realidad social desde lo colectivo, no tan sólo del lugar de los expertos y los instrumentos, sino que también, desde la participación social como manera de agregar valor a la acción de la intervención del Estado sobre su población.
Tal incorporación, arrastra sin duda un elemento político de contrabando, que dice relación con el ejercicio práctico de acciones y espacios democráticos de participación de la población. O si se prefiere, aproximaciones sucesivas a mayores niveles de participación de la población en la política pública y social, dentro, eso sí de un marco regulador que contiene en sí la política pública, pero que permite al menos una acción efectiva sobre un espacio social concreto.
Parece, que estas pueden ser pistas, para una construcción más democrática sobre la realidad social, donde intervienen muchos de nuestros programas sociales y el Sistema de Protección Social que el país requiere, y que puede empezar a dar la entrada a un nuevo sujeto a la escena política, que impida la monopolización de la agenda pública en torno a conflictos ensimismados de los dos conglomerados políticos que tienen cabida en el sistema político actual de nuestro país.
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September 1st, 2008 at 4:42 pm
Estudio servicio social y debo disertar sobre el tema por favor envienme mas informacion al respecto jdanna_1@hotmail.com