Descentralización: Hacia el Paraíso Posible (Por Héctor Arenas)
Desde que Fujuyama anunciara el fin de la HISTORIA entendida como los grandes acontecimientos que definieron épocas, movimientos, ideologías y sociedades, se abrió al debate con mayor precisión y se re-valorizo la dimensión individual y personal de la historia, entendido como el devenir de cada persona y su entorno inmediato.
De acuerdo a Flores existe un mínimo de consenso en el ámbito del pensamiento social respecto a que la respuesta a un mundo caracterizado por la aceleración del cambio, la implementación de decisiones extra nación y extra gobiernos que afectan la vida política, social, cultural y económica de los países será el volcamiento de las personas hacia el ámbito local, revitalizando la organización en micro estructuras que le permitan construir “El paraíso perdido” en su entorno inmediato.
En Chile y especialmente desde la recuperación, todavía parcial, de la democracia a partir de 1990 el tema de la descentralización no ha estado ausente y se ha debatido ampliamente en los organismos y centros especializados en el tema, se han implementado diversos proyectos y se ha invertido en ello. Sin embargo no es mucho lo que se ha avanzado al respecto sea por que la recuperación de la democracia siempre supuso ganarla paso a paso, sea por que hasta ahora no se ha contado con la fuerza política que permita reformar profundamente la institucionalidad local del país: Regiones y Municipios, que son las realidades complementarias que dan sustento a la descentralización.
Lo que si se ha generado es una declaración de intenciones permanente: “La profundización y el perfeccionamiento de la democracia junto a la descentralización son los ejes dinámicos del desarrollo social, económico, cultural y político del país”.
Para avanzar en la profundización de la descentralización, en la construcción del paraíso cercano, debemos primero explicitar que entendemos por descentralización y luego concretar iniciativas reales de implementación a nivel administrativo o político.
Comúnmente se restringe el concepto al ámbito jurídico, donde la descentralización es un acto legal de creación de órganos y/o servicios públicos distintos del poder central (pero dependiente de él), con atribuciones privativas y patrimonio propio (dimensión administrativa). Dejándose de lado la dimensión que considera la dispersión del poder (dimensión política).
Entonces si consideramos la descentralización desde la perspectiva política, ciertamente que los procesos de regionalización y municipalización iniciados por la dictadura con una clara connotación legalista, nunca política, no permiten avanzar en la descentralización política del país y hasta aquí los intentos pasan sólo por la dimensión administrativa de la descentralización en relación a las funciones y tareas que ejercen las instituciones públicas. Sin mayoría en el Congreso no se puede cambiar las leyes, pero pese a ellos podemos cambiar la base administrativa, la gestión de lo local.
Incluso podría plantearse la hipótesis respecto a que la regionalización y la municipalización con gestión “efectiva” permitiría generar nuevos espacios de participación y ejercicio de la democracia que pueden re-encantar la acción ciudadana. Dejando el poder de las decisiones administrativas en las instancias más cercanas y adecuadas a la dimensión local, a la gente. En esta instancia podemos señalar los ejercicios de Planes de Desarrollo Comunal y Presupuestos participativos.
El marco institucional actual de Administración Regional y de Administración Municipal puede lograr espacios de autonomía y sustentabilidad de lo local (municipio y región) sin modificaciones en lo legal, sólo basta voluntad política de hacer el ejercicio democrático y respetar sus principios.
Lo precedentemente expuesto supone ciertamente un cambio en la forma de acceder y ejercer el poder político y administrativo. De modo que pese a que la ley no es todo lo favorable y moderna que queremos, gestionando eficientemente lo que tenemos podemos mejorar en la construcción de lo local. Si no es desde lo político podemos desde lo administrativo.
A modo de ejemplo podemos señalar:
1) Elección de Intendentes:
Más allá de la forma hasta hoy empleada para lograr los nombres de consenso político para cada gobierno regional y en cada gobierno de la concertación y sin tener la ley que permita elegir en forma directa al intendente por los ciudadanos de cada región, es factible una formula que permita que sea El Consejo Regional quien proponga o elija al Intendente, siendo ratificado después por el Presidente de la República.
2) Elección y rol de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis):
Los Seremis son funcionarios de doble dependencia, por un lado dependen del Intendente que los propone al Presidente y por otro del Misterio respectivo. Una forma de resolver y avanzar sería factible que el Intendente nominara a los Seremis de su región según su capacidad de asesoría técnica para que coordinaran las políticas a implementar con el Ministerio respectivo, pero que dependieran del Intendente.
3) Traspaso de competencias:
La Ley Regional confiere al Gobierno Regional la facultad de solicitar al Presidente de la República el traspaso de competencias y de recursos que estén a cargo de organismos o servicios del sector central o funcionalmente descentralizados , para lo que deben acompañar los estudios y antecedentes que demuestren su capacidad para asumir tal responsabilidad. (Ley 19.175, artículo 67).
Esta facultad de traspaso no se ha ejercido a la fecha ni en un intento, perjudicando así nuestros propios representantes la descentralización y construcción de lo local (el paraíso posible).
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January 17th, 2008 at 4:19 pm
Héctor, comparto tu análisis, mas agregaría que esta falla de la descentralización, transformada en apéndice administrativo, se debió precisamente al corte ideológico del régimen militar, toda vez que la tecnocracia a partir de Büchi (1985), opera una lógica política económica que controla la acción política en base a minimizar la acción del Estado frente a los privados. Es este el momento de la muerte del Estado subsidiario pretendido legislativamente por los militares (CPEº 1980), que no tuvo desarrollo en el primer quinquenio de los 80, por la crisis del dólar y sus efectos en los siempre imprudentes privados chilenos (como hoy…), y que menos aún lo logró luego del 85. Quedó efectivamente en el discurso, nada más. Ahora, es necesario saber porqué la Dictadura pretendió una labor estatal como ésta……un debate que podemos subir a conferencia.