El Terremoto y la Credibilidad en las Organizaciones Públicas (por Tito Flores C.)
La decisión del gobierno de Chile de nombrar a una “Ministra en Campaña” que coordine la distribución de ayuda a los afectados por el terremoto del norte del país, aunque a primera vista parece positiva, genera efectos colaterales negativos que merecen ser tenidos en cuenta
Ciertamente estamos frente a un tema urgente. Los damnificados no pueden esperar. El Gobierno requiere establecer un mecanismo de toma de decisiones rápido y expedito y que éstas se implementen con celeridad. En este sentido que la “Ministra en Campaña” sea la actual Subsecretaria de Carabineros, habla de una persona con experiencia en la gestión de organizaciones jerárquicas en las que las decisiones son tomadas siguiendo el modelo top-down, el mismo requerido en una catástrofe.
Lo complicado de la decisión sin embargo, pasa por dos planos. Por una parte, tácitamente siembra la duda respecto de la capacidad de gestión tanto de la Intendencia y del Gobierno Regional de la región de Antofagasta, como de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Si es necesario designar a un personero con atribuciones amplias de gestión, que no forma parte de ninguna de estas organizaciones, la ciudadanía legítimamente puede desconfiar o al menos preguntarse acerca de las competencias, capacidades y eficiencias de aquellas. Lo que se está diciendo de manera implícita es que el diseño institucional y los planes de contingencia existentes, no dan el ancho para enfrentar una situación real de catástrofe. Y como consecuencia de este juicio, es la ONEMI la que sale más perjudicada.
En el otro plano, como muchas veces en el tema organizacional, nos enfrentamos a un juego de suma cero. Por razones obvias, la ya mencionada “Ministra en Terreno” debió abandonar momentáneamente sus funciones frente a la Subsecretaria de Carabineros para asumir la nueva tarea encomendada. Esto ocurre sin embargo, justo en el momento en que estalla el escándalo que involucró a tres carabineros, quienes presenciaron frente a una comisaría, la brutal agresión a una mujer perpetrada por su pareja, sin que ellos hicieran nada para proteger a la víctima. Claro, los uniformados fueron sumariamente expulsados de la institución, lo que probablemente será muy bien evaluado por la opinión pública. Pero en estas situaciones de crisis, y más aún en lo que respecta a entidades cuyo actuar es altamente sensible en lo político y en lo comunicacional, como es el caso de Carabineros, el gobierno no puede darse el lujo de renunciar a la presencia de su persona de confianza en la institución. Como dice el viejo refrán, se terminó desvistiendo un santo para vestir a otro.
En definitiva, las acciones gubernamentales deben ser evaluadas no sólo por su efecto comunicacional –que no deja de ser importante- sino también por las repercusiones (positivas, neutras o negativas) que éstas tendrán para todas las instituciones públicas involucradas. En las decisiones del gobierno no sólo están en juego los aspectos electorales, sino tan importante como aquello, el prestigio y la credibilidad en las organizaciones del Estado, y aquello trasciende los períodos presidenciales.
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December 5th, 2007 at 12:45 pm
Buen artículo. Me parece adecuada la segunda mirada que das a una de tantas medidas en el mismo sentido que se han tomado ultimamente. En términos de política comunicacional parece cada vez más claro que cuando se toman decisiones efectistas, no se consideran los efectos que tienen sobre la estructura y el debilitamiento del Estado.
Saludos.