Política Pública .cl

En mi artículo anterior se planteaba la multiplicidad de variables que existen y su compleja interrelación a la hora de definir el éxito o fracaso del desarrollo de los países ricos en recursos naturales. En esta ocasión, nos centraremos en la variable ideológica que ha favorecido, en muchos de estos contextos, la creación de alianzas público-privadas (APPs) para el desarrollo dentro del nuevo marco de la “gobernanza”.

Pero, ¿cómo se definen estas alianzas? Si bien la heterogeneidad que rodea a las APPs dificulta en gran medida la existencia de una definición exclusiva o única para todas ellas, según Casado Cañeque (2007), éstas se entienden como iniciativas donde el sector público, las compañías privadas o las organizaciones de la sociedad civil forman una alianza para conseguir un objetivo común, compartiendo riesgos y competencias.

Como puede apreciarse por su definición, estas alianzas surgen alrededor de nociones positivas de participación, confianza, y responsabilidad compartida. Sin embargo, ello no debería desviar nuestra atención de realizar un análisis crítico sobre la naturaleza de las mismas y sobre los verdaderos objetivos que subyacen bajo esta unión. Por otro lado, el hecho de que estas APPs se vean como instrumentos de desarrollo deja notar que, en la mayor parte de los casos en los que se realizan con dicho fin, no existen mecanismos que analicen ni valoren a medio y largo plazo, sus efectos en relación con los objetivos de desarrollo que pretenden conseguir.

El contexto favorecedor de estas iniciativas se ha producido tanto a nivel global como nacional. A nivel global, la ideología neoliberal dominante durante la década de los 1980s y 1990s concedió especial protagonismo al accionar del mercado sobre otras instituciones políticas a la hora de resolver los problemas de desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, los contradictorios resultados obtenidos durante estas décadas llevaron a las instituciones financieras internacionales (BM/FMI) hacía finales de los 1990s a reconocer que si bien el mercado es un actor importante para el desarrollo económico, no es el único ni suficiente para dar respuesta a éste, ni a los múltiples problemas que afectan a las nuevas sociedades globalizadas. Esta idea se verá reforzada, además, por el resurgimiento de una corriente ideológica denominada neoinstitucionalismo económico que asignará un importante papel al Estado y a otras instituciones en el control de las deficiencias del mercado.

De esta manera, surge una nueva aproximación al término de “gobernanza”, no sólo entendido como “buen gobierno” (1) sino también como “concepto descentralizado de la dirección social (…) [en el que] (…) el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos se lleva a cabo en modo de interdependencia-asociación-coproducción/corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales” (Aguilar Villanueva. 2006:99)

Las APPs, por lo tanto, comenzarán a ser vistas por las organizaciones internacionales no sólo como un instrumento de respuesta a los fallos del mercado y del Estado, sino también como un instrumento de desarrollo. Muestra de ello, es el lanzamiento en 1999 del “Global Compact” (2) o Pacto Mundial entre NNUU y diversas empresas privadas para la consecución de objetivos comunes, iniciando y promoviendo así, un modelo de desarrollo muy particular.

A nivel nacional, estos cambios globales han afectado las realidades nacionales complejizándolas, y promoviendo un proceso de reforma del Estado y de la Administración Pública para adaptarlas al nuevo contexto. Los instrumentos utilizados en esta reforma son tomados de la nueva gestión pública (NGP), lo que favorecerá la aparición de APPs mediante la externalización y privatización de servicios. Por otro lado, la presión social realizada como consecuencia de las malas prácticas de ciertas empresas privadas en países en vías de desarrollo llevará a la aparición de la “Responsabilidad Social de las Empresas” (RSE), contribuyendo ambas variables a facilitar la aparición de estas APPs para el desarrollo.

Sin embargo, la realidad es que pareciera haberse producido una generalización excesiva de su uso como solución a la escasa capacidad de gestión de muchos gobiernos, sin analizar las implicaciones que esto pueda tener, no sólo sobre los vínculos entre el Estado y la sociedad, sino también sobre su incidencia en cuanto al fortalecimiento institucional, y al modelo de Estado y de desarrollo que propone. Hay una tendencia a ver a la empresa privada como el actor más eficiente y eficaz en la consecución de ciertos objetivos, sin pensar que éste es, también, un actor con agenda e intereses propios.

Desde esta perspectiva, surgen preocupaciones sobre la posibilidad de que las APPs refuercen la lógica del neoliberalismo, promoviendo un predomino del poder corporativo, y atentando a construir un cambio fundamental en las relaciones Estado-Mercado. Además, algunas formas de APPs no sólo permiten a la industria y a los intereses corporativos ganar un sitio en las mesas de consultaciones y toma de decisiones, sino que también ocultan un nuevo conjunto de relaciones sociales, institucionales y culturales donde la interacción y la influencia ya no tiene lugar informalmente, si no que se hace de frente y de forma legitimada (Utting y Zammitt. 2006).

En definitiva, como señalan Utting y Zammit (2006) si estas APPs pretenden ser alianzas para el desarrollo deben ser analizadas desde la perspectiva de la inclusividad, equidad y sostenibilidad, así como desde los derechos sociales, puesto que, este tipo de alianzas para el desarrollo tiende a ser ad-hoc y focalizadas, y sin ninguna garantía de sostenibilidad a largo plazo como es la garantizada por el Estado.

Notas:
(1) El término de “good governance” o “buen gobierno” fue acuñado por el BM en 1992, con el cual se quería determinar que éste era condición necesaria para el desarrollo de muchos de los países receptores de sus créditos, entendiendo éste como: a) la forma del régimen político, las instituciones políticas; b) el ejercicio de la autoridad política y la administración de los recursos económicos y sociales de un país para su desarrollo, c) la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar sus políticas y para cumplir sus funciones. En este sentido, el BM estaba reproduciendo el enfoque de la gobernabilidad para la dirección de la sociedad.

(2) Más información sobre el “Global Compact” disponible en: http://www.unglobalcompact.org/

Bibliografía:
Aguilar Villanueva, L.F. (2006). Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica.
Casado Cañeque, F. (2007). Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Madrid: Fundación Carolina. Disponible en: http://www.sigloxxieditores.com/866i.html
Utting, P., y Zammitt, A. (2006). Beyond Pragmatism: Appraising UN-Business Partnerships. Geneva: UNRISD.

(Volver a la Portada)

This entry was posted on Wednesday, October 31st, 2007 at 9:36 pm and is filed under Medio Ambiente, Gobernanza, Economía. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.