Otra Mirada desde el Puente (Parte 3/3) (Por Vladimir Ovando)
En la segunda parte de este artículo, avanzamos sobre el primer núcleo de análisis planteado. Corresponde seguir y cerrar con el segundo núcleo: como dicha realidad se configura en un nuevo espacio de gestión y administración programática diferenciada desde recursos materiales y simbólicos con los que se interviene. Siempre con el telón de fondo planteado en la primer parte, la relación Estado, Política Social y Realidad Social.
En directa relación a lo anterior, podemos señalar que, la intervención social del Programa Puente además de tratarse de una intervención con un claro componente socio político, contiene en sí misma la posibilidad generadora y moduladora de la propia desigualdad, naturalizando e institucionalizando las desigualdades sociales, ya que la intervención social del Programa, articula una serie de decisiones y acciones desde el Estado que influyen en la organización y distribución de los recursos, que van dirigidos a las familias Puente, afectando por tanto su posición en la esfera social.
En otras palabras, establece las reglas y normas del cómo se realizan las distribuciones de recursos materiales, de transferencias monetarias, recursos simbólico; define a quienes se entregan, qué tipo de recursos y cantidades, la oportunidad y su duración en el tiempo. Hablamos entonces, que la intervención del Estado a través del Programa Puente tiene la facultad de representar a su sujeto de intervención, las familias, identificando en ellas necesidades que puedan tener, sus satisfactores y los medios para hacerlo.
La distribución de recursos materiales y simbólicos, parte también de una noción de mínimos, ya que la asignación es claramente diferenciada en cantidad y calidad de las prestaciones para las familias del Programa, en relación a otras políticas y programas destinados a otros segmentos de la población; lo que va contribuyendo de manera concreta a configurar mayores grados de desigualdad social, pero ahora desde el cómo se les interviene. Por lo tanto, volvemos a la idea que la política social genera efectos concretos y simbólicos específicos sobre una realidad social determinada.
Parte de esta realidad, la constituyen los actores institucionales y civiles que establecen relaciones con el Estado y con las familias del programa, que son convocados a realizar una redefinición de su intervención social habitual, ya sean estos los municipios u otros agentes interventores, como las ONGs, como las escuelas, los centros de salud o los medios de comunicación etc. , contribuyendo una vez más a el imaginario del mínimo social aceptable, que irradia su influencia en la sociedad, que crea realidad.
La paradoja, de la intervención con familias en extrema pobreza en base a mínimos garantizados, se presenta desde el momento en que y como se construyen los mínimos socialmente aceptables.
Recordemos que nuestro sistema de medición de pobreza, recientemente actualizado desde un sistema de medición de carencias en base a ingresos (línea de pobreza y línea de indigencia) a uno que mide vulnerabilidad socio económica, no pudo abandonar para los efectos de focalización la medición de ingresos, que empleaba en el antiguo modelo. Cual es el problema se preguntará más de alguno, si parece que incluso se pueden complementar. Efectivamente puede haber una suerte de articulación, pero el problema radica en que el sistema de medición de pobreza en base a ingresos, en nuestro país sigue utilizando una canasta de alimentos, cuya base de definición se construyó en los años ochenta y, que por lo demás, poco se ha hecho por ajustarla adecuadamente a la nueva realidad de la población del país.
Por tanto, no cuesta mucho entender dos cosas. La primera, que en casi más de veinte años las necesidades alimenticias y básicas de la población del país han mutado significativamente. La segunda, que esa línea de base para construir mínimos sociales aceptables, no garantizan que a quienes más lo puedan requerir cuenten con una intervención que apunte a avanzar hacia niveles sustantivos mayores de equidad social, ya que los mínimos socialmente aceptables son construidos en base a mínimos de una realidad superada por este país.
Aquí, quepa agregar una reflexión en torno a la idea de mínimos garantizados a las familias. Los sistemas de protección social desarrollados en países europeos, establecen ciertos “pisos” básicos con los que pueden vivir los sujetos o las familias que son efectivamente garantizados por el Estado, para mantener un estándar de vida relativamente ad-hoc a un promedio de calidad de vida de ese país; no olvidemos que en muchos casos incluyen recursos incluso para cubrir horas de ocio. Sin embargo, en el caso de Chile, olvidamos que la red de servicios públicos se encuentran, en general, con serios problemas de gestión y en algunos casos con serios déficit de recursos; lo que no permite cumplir con las mínimas garantías ofertadas a las familias.
Tal situación, tiene su correlato más significativo, en la calidad de las prestaciones destinadas a este grupo objetivo, lo que puede dar para un nuevo artículo.
Por otro lado, la situación de la familia en Chile es altamente compleja. En ella se han centrado hoy muchas de las responsabilidades sociales antes asumidas por el Estado, colocándola en una tensión permanente en relación a su subsistencia. Más complejo es el panorama cuando hablamos de familias en extrema pobreza, sujetas a los vaivenes de un mercado laboral precarizado y frente a un Estado que se ha retirado más allá de lo necesario en la regularización del mercado laboral y, que por lo mismo, muchas veces apenas cumple con los mínimos que declara garantizar.
Las familias del programa, no tan solo requieren mínimos sociales garantizados, requieren pensar, diseñar y ejecutar programas que ayuden efectivamente a superar la vulnerabilidad que significa un mercado laboral precario, no olvidando, que es aún por medio del trabajo por donde se entra o sale significativamente a la integración social. Recordemos también, que es precisamente en este punto, donde se ha evaluado muy críticamente la gestión del programa y del Estado.
Por tales razones, y otras tantas más, se hace necesario tomar las cosas con mesura cuando hablamos de los logros en materia de superación de la pobreza e indigencia en nuestro país, todo depende de cómo la midamos, del cristal con que se mire, ello nos indicará cual es la “realidad social” que miramos, o que nos indicarán observar, o simplemente cual es la que queremos ver.
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