La Descentralización a Debate (Por Ana Molina)
Los años 80 y 90 han sido periodos de grandes cambios en lo que se refiere a la reforma del Estado. Uno de estos grandes cambios, a un lado y al otro del Atlántico, han sido los procesos de descentralización del Estado.
En unos casos la descentralización se ha llevado a cabo sin existir una demanda real por parte de los entes subnacionales (regionales y locales) y ha sido la solución propuesta a otros problemas económicos y políticos nacionales. En otros, la descentralización es la respuesta evidente a las reivindicaciones históricas y nacionalistas que exigían un mayor acomodo de autonomía y autogestión dentro de la realidad nacional.
En cualquier caso, lo que se ha producido en los últimos treinta años es un proceso inacabado y siempre abierto al debate sobre cuáles son las competencias a descentralizar, hacia qué nivel de gobierno (regional o local) y la forma de financiación de dichas competencias.
En España las competencias hacia las Comunidades Autónomas están reguladas en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía, produciéndose en los últimos años una revisión de los mismos con el objetivo de ampliar las competencias y la autonomía de gestión.
No ocurre lo mismo con el nivel local. Los más de 8.000 municipios españoles tienen asignadas sus competencias mediante una Ley Orgánica del año 85. Sin embargo la realidad supera la regulación y muchos de los municipios completan e incluso asumen en su totalidad demandas de bienes y servicios para sus ciudadanos/as que no son competencia propia. A esto se añade las dificultades de financiación local, la poca autonomía financiera para recaudar impuestos propios y el bajo nivel de trasferencias económicas por parte del Estado hacia las municipalidades.
El resultado son gobiernos locales con déficit presupuestario y que no consiguen dar cobertura a totalidad de las demandas de la población. Esto deslegitima el proceso de descentralización ya que el ciudadano/a donde primero acude para solucionar sus problemas es a la instancia de gobierno que tiene más cercana.
Esta situación no es ajena a los 16.000 municipios latinoamericanos donde tampoco existe una adecuación entre los servicios que deben dar los gobiernos locales y las posibilidades de financiación de esas políticas. Por tanto, para que los municipios puedan afrontar parte de sus problemas, se hace necesario que desde el nivel nacional se les dote de las estructuras y coberturas legales adecuadas para el buen funcionamiento.
La descentralización hacia los gobiernos locales, si se realiza de manera adecuada desde las instancias superiores de gobierno, puede traer una serie de beneficios como la eficiencia y calidad en la gestión de los servicios, un incremento en la participación política ciudadana, menos espacio para el clientelismo y la corrupción, mayores exigencias de responsabilidad… No es la solución ni la panacea a todos los problemas locales, pero sí se trata de un prerrequisito para que los gobiernos municipales puedan funcionar adecuadamente.
El resto forma parte o tiene mucho que ver con la voluntad de los políticos locales de poder o querer aprovechar los recursos y potencialidades con los que cuenta el territorio para llevar a cabo políticas adecuadas de desarrollo local.
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October 4th, 2007 at 10:43 pm
Magnífico artículo, Ana. En España damos una paso hacia adelante y dos hacia atrás en la tan deseada 2ª descentralización (la local). La quema de fotos de Juan Carlitos (de la que se habla tanto estos días), o la obsesión por fortalecerse desmesuradamente de algunas CC.AA., no ayuda mucho a ello. Besos